LA CRISIS DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE 1978
Publicado en Revista de Libros, www.revistadelibros.com, 3-1-2018.
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En diciembre de 1978, cuando en el conjunto del territorio español (Cataluña y País Vasco incluidos) se aprobó la Constitución hoy vigente, había muchas dudas sobre la funcionalidad y, aún más, la perdurabilidad de dicho texto legal. Recordemos que su gestación había sido tortuosa, con sonadas rupturas entre sus artífices y también entre los partidos implicados. Era el peaje inevitable que había de pagarse por el camino elegido: una Carta Magna para todos los españoles, sin exclusiones ni banderías ni imposiciones de unos sobre otros. Los redactores del texto en cuestión y aquella clase política en su conjunto habían interiorizado la lección principal de nuestra historia contemporánea: la política coactiva –o simplemente no inclusiva- con los discrepantes y las minorías genera tarde o temprano inestabilidad, crisis y, en última instancia, conflicto violento. La expresión última de ello era la guerra civil, tan presente en la memoria histórica del momento –se diga lo que se diga- como el gran fantasma o el trágico error que debía evitarse a todo trance. En suma, para que la Constitución durase tenía que ser la Constitución de todos. Más concretamente, en términos operativos, que resultase un texto válido para cualquier gobierno, fuera del signo que fuese. La contrapartida, difícilmente soslayable, era que la Carta Magna que así se elaboraba se resentía en cuanto a su firmeza, claridad y coherencia, no ya solo porque en su redacción abundaran los remiendos, parches y componendas sino porque, aún más claramente y de modo deliberado, la convergencia de planteamientos disímiles se hizo sobre la base de lagunas, inconcreciones y ambigüedades. Algo así como si los padres de la Constitución y los partidos del momento dijeran “nosotros ya hemos hecho nuestra parte y hemos llegado hasta donde hemos podido”. Dejaban para el futuro incorporaciones, correcciones y adaptaciones. Responsabilidad de ese futuro era, pues, que se llevaran o no a término.
Dos enseñanzas fundamentales cabe extraer del proceso si se aceptan los términos inevitablemente sintéticos y simplificados que acabamos de exponer. La primera y principal, porque lo determina todo, se refiere a la mencionada funcionalidad del supremo texto legal, que a su vez posibilita su vigencia. Muchas eran las dudas, como se ha señalado, pero lo cierto es que la política española empezó a transitar por aquellos cauces institucionales con cierta normalidad. Toda la normalidad que era posible en una época caracterizada por un cuádruple desafío que puso a prueba las costuras del sistema: en primer lugar, por su impacto sangriento, la ofensiva terrorista de ETA y la extrema izquierda (GRAPO); además, el hostigamiento de los grupos de extrema derecha, las pulsiones centrífugas de las autonomías -y en especial de las llamadas “autonomías históricas”- y, en cuarto lugar, la presión de los entonces llamados “poderes fácticos”, entre los que destacaba por su hostilidad buena parte del estamento militar. Al cabo, como es bien sabido, fue este último sector, alarmado por la acción conjunta de los tres anteriores, el que intentó el asalto al sistema constitucional. La forma chapucera en que se hizo y la resistencia de elementos claves -empezando por la Corona- dio al traste con la intentona y vino a significar a la larga una especie de vacuna para el orden constitucional. El “ruido de sables”, acompañamiento permanente de la política española en toda la historia contemporánea, pasó a ser así un elemento del pasado.
Con la llegada de los socialistas al poder a comienzos de la década de los ochenta el sistema se robusteció. El mismo acceso del PSOE al gobierno mostraba irrebatiblemente que la alternancia era posible y que con el mismo texto constitucional se podía hacer otra política. La transición había terminado. España ingresaba de pleno derecho en un sistema de libertades homologable al de sus vecinos europeos. La entrada en la OTAN y en la CEE –luego Comunidad Europea- sancionaba solemnemente el nuevo estatus y la nueva consideración del país. No se trataba tan solo de que el sistema constitucional funcionase. Eso estaba fuera de duda. De lo que ahora se hablaba, abiertamente, era de modelo español de transición y de milagro económico español. España asombraba al mundo con una transición modélica y pacífica, con su modernidad, su capacidad de innovación, su creatividad. Algunos pusieron en marcha la etiqueta de “alemanes del Sur”. Constatamos así que el eslogan “Spain is different” era solo una añagaza franquista. Desde el punto de vista historiográfico, los historiadores se apresuraron a cambiar las pautas de interpretación de la trayectoria de los últimos siglos. Atrás debían quedar arrumbados los paradigmas de decadencia, atraso y excepcionalidad hispanas. Ahora se hablaba de éxito o, en la más atemperada de las actitudes, “normalidad”. Según el nuevo planteamiento, España no solo era “normal” en el momento histórico al que nos referimos (fines del siglo XX) sino que había sido también “normal” en todo el transcurso del siglo XX, en el XIX e incluso antes. Los fastos del 92 marcaron el punto más alto de esa actitud, que desembocó en franca complacencia.
Esta es la segunda enseñanza antes aludida, la incuestionable operatividad desemboca en conciencia de éxito y, si tenemos en cuenta la percepción o vivencia del momento, hasta en sensación de euforia. Dijimos líneas arriba que los artífices de la Constitución y los grupos políticos que en su momento se implicaron en la misma eran plenamente conscientes de los defectos e insuficiencias de la Carta Magna. Pero lo cierto es que, con más o menos problemas o disfuncionalidades –no exageremos: tampoco más de las que podía tener cualquier otro sistema político semejante en cualquier país del mundo-, la Constitución del 78 y el régimen que se acogía a ella marchaban razonablemente bien. Si tomamos en consideración la convulsa trayectoria hispana en la edad contemporánea, habría que reconocer que, por contraste con ella, la Constitución y el nuevo régimen democrático gozaban de una envidiable salud y una indudable fortaleza. Un observador mínimamente distanciado debe reconocer que en su conjunto, pese a algunas crisis puntuales, el último cuarto del siglo XX representa así uno de los períodos de la historia española más satisfactorio en todos los órdenes. Cuando llegó el centenario del desastre de 1898, una de las simas más significativas de la España postrada, algunos historiadores (Fernando García de Cortázar) acogían la efeméride aludiendo a que esta vez vivíamos “un 98 sin llanto”. Otro de los historiadores más reputados del momento, Santos Juliá, escribía un artículo irónico sobre la herencia noventaiochista y el unamuniano “me duele España”: “Anomalía, dolor y fracaso de España” (luego recogido en el volumen Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX, RBA, Barcelona, 2010). El mismo Aznar, una vez alcanzada la presidencia del gobierno, se olvidó de sus anteriores diagnósticos catastrofistas sobre el país gobernado por los socialistas y puso en boga la muletilla “España va bien”.
Y, básicamente, era verdad. España iba (razonablemente) bien. Hoy se puede decir desde la distancia temporal y la perspectiva histórica, por más que los que viviéramos en aquel momento nos resistiésemos de una u otra forma a reconocerlo sin ambages. Los datos sobre la convergencia en todos los parámetros fundamentales con los países más desarrollados del occidente europeo –nuestra sempiterna referencia histórica- así lo atestiguaban. Pensar que este reconocimiento conlleva o implica la negación de problemas concretos e incluso la ocultación de algunas importantes lacras estructurales es una actitud de necios. Por supuesto que, bajo la apariencia amable y, sobre todo, la insufrible complacencia de algunos sectores de la España oficial, los más críticos detectábamos severos desequilibrios en el desarrollo económico, un modelo productivo con los pies de barro (construcción, turismo) y unos graves problemas políticos que delataban los primeros síntomas de fatiga del sistema. A riesgo de caer en una excesiva esquematización, podríamos señalar seis grandes áreas de problemas: en el ámbito educativo, año tras año, legislatura tras legislatura, se ponía de manifiesto la incapacidad de las elites políticas para ponerse de acuerdo en un plan que pudiera ser suscrito por todos y que diera un mínimo de estabilidad al ámbito educativo, desde la primaria a la Universidad. Aquí, al parecer, era imposible el consenso. El resultado, aunque oculto o silenciado durante largos años por las autoridades educativas, terminó saliendo a la luz en forma aparatosa cuando el llamado “fracaso escolar” se convirtió en un fenómeno sociológico y cuando los informes comparativos internacionales pusieron de relieve las graves deficiencias formativas de nuestros escolares.
En segundo lugar, la Justicia en su conjunto como pilar fundamental e independiente del Estado de Derecho sufrió los embates y acometidas del poder político. Los socialistas comenzaron el proceso de socavamiento de la independencia del poder judicial (se atribuye a todo un vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, la consigna o, como mínimo, la intención de sepultar a Montesquieu), pero después la derecha se sintió cómoda con ese control -cada vez menos embozado, cada vez más voraz- del ejecutivo sobre el poder judicial. Como en el caso de la educación, se trataba de cuestiones que no podían aflorar de la noche a la mañana pero que a la larga constituían auténticas bombas de relojería colocadas en los cimientos del sistema. La hipertrofia del ejecutivo en detrimento de los otros dos grandes poderes clásicos, el legislativo y el judicial, conllevó una degeneración del modelo representativo: los partidos políticos se convirtieron en grandes máquinas de acceso al poder o administración del mismo con una organización poco o nada democrática. De hecho, la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, se convirtieron en organismos cerrados e impermeables, con una estructura fuertemente piramidal, un comportamiento decididamente sectario y una dinámica cada vez menos disimulada de acatamiento acrítico al líder. De este modo, todo el entramado político partidista, desde las organizaciones de base o barrio hasta los grupos parlamentarios, estaban manejadas por pequeñas camarillas que exigían sometimiento a los militantes, convertidos en disciplinados autómatas a las órdenes de sus superiores. El sistema político adquirió de este modo el típico esquema de la llamada selección al revés: la política expulsaba de su seno a los más capaces y los más críticos y entraban en ella los incapaces que no sabían o podían medrar de otra manera.
No es extraño que un sistema como el descrito termine desembocando en la corrupción. Antes bien, podría considerarse que a medio o largo plazo era la consecuencia natural e inevitable. Es obvio que la corrupción tiene otros factores y escenarios pero, para lo que aquí interesa, un entramado como el que se fue formando a lo largo de varias décadas propiciaba la opacidad y el comportamiento ilícito, por la sencilla razón de que faltaban o fallaban los controles y la transparencia. Donde no hay contrapeso de poderes ni vigilancia se instala más pronto que tarde y de manera inapelable la corrupción. Y eso fue lo que pasó en la España del pelotazo, del negocio fácil, la especulación inmobiliaria y las comisiones. Y como en ningún momento hubo voluntad política de atajar el problema, porque todos de un modo u otro estaban implicados, desde la cúspide a la base, los manejos corruptos fueron extendiéndose hasta estallar de un modo aparatoso. Desde hace tiempo, con razón o sin ella, la opinión pública ha extendido la sospecha a todo el conjunto de la clase política: “todos son iguales”, sin más especificaciones, significa, como es sabido, no que defiendan las mismas ideas sino que todos están donde están –en las instituciones, desde el gobierno a los ayuntamientos, pasando por todos los organismos intermedios- para fines inconfesables. Ese juicio inapelable de la ciudadanía –indudablemente injusto en su universalidad y contundencia- constituye sin duda uno de los factores fundamentales de deslegitimación del régimen.
Hemos citado cuatro grandes fallas del sistema –educación, justicia, partidos y corrupción-. Hay una quinta que pertenece a una esfera muy distinta, la cuestión de la memoria histórica. Se han derramado tantos ríos de tinta sobre ella que se comprenderá que no nos detengamos aquí más que para señalar un par de cosas. La primera y principal, que la transición y el régimen del 78 se construyeron sobre un determinado modo de entender la memoria y la historia. Unos dirán que se hizo sobre el olvido y la traición. Otros, por el contrario, que se edificó sobre el recuerdo lacerante y que se trató precisamente de no repetir los errores del pasado. Sin entrar ahora en polémica alguna, lo cierto es que el resultado inmediato de esas actitudes de los partidos y dirigentes de la transición fue lo que desde entonces se denomina el consenso como instrumento político. El consenso primaba la operatividad –el presente y el futuro- por encima del pasado o del recuerdo del pasado. Dicho de otro modo, se renunciaba de modo explícito o implícito a hacer uso de ese pasado para deslegitimar al adversario porque lo que se pretendía era lo contrario, aceptar al contrincante y llegar a un acuerdo con él. Es verdad que este es un modelo ideal que solo se llevó a rajatabla en momentos puntuales y, sobre todo, que una vez aprobada la Constitución del consenso cada partido utilizó las armas que les resultaron más adecuadas para conseguir sus propósitos. De hecho, el PSOE, sin ir más lejos, usó su más potente arsenal desde los primeros momentos contra Adolfo Suárez, recordándole su pasado franquista. Pero una vez conseguido su objetivo de abatir a Suárez y acceder al poder –con la sacudida intermedia del 23-F-, el PSOE, con una amplia o suficiente mayoría absoluta durante varias legislaturas, no sintió la necesidad de instrumentalizar políticamente el pasado, es decir, usarlo de modo partidista o sectario. Solo cuando a las alturas de 1993 vio peligrar su hegemonía, empezaron los socialistas a intentar deslegitimar a sus adversarios de la derecha aludiendo a sus responsabilidades en el pasado (léase colaboradores, cómplices o herederos de la dictadura franquista). De modo especular y por las mismas fechas, el líder popular José María Aznar, desesperado por la larga permanencia del PSOE en el poder acuñó el marchamo de “la segunda transición”, que de modo más o menos explícito manifestaba como mínimo una cierta insatisfacción con la primera, o sea, con la única transición real.
Con todo, esas controversias interpartidistas no hubieran tenido mayor trascendencia si no hubiera sido por dos factores distintos pero coadyuvantes que se manifestaron en el cambio de siglo: por un lado, la obtención de mayoría absoluta del PP en las elecciones de 2000 desencadenó todas las alarmas en sus adversarios; por otro, el surgimiento en esos años de una nueva generación que no había vivido o protagonizado la transición y que reclamaba ahora con fuerza un ajuste de cuentas democrático con el pasado y en especial la exhumación de los restos de las víctimas de la represión franquista que estaban dispersos por las cunetas o fosas comunes de toda la geografía peninsular. A todo ello habría que añadir un tercer elemento, esta vez externo, la guerra de Irak, que propició una gran agitación social. El descontento de amplios sectores sociales –perceptible sobre todo en las jóvenes generaciones- se exacerbó con un dramático episodio, los grandes atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El acceso al poder de un nuevo líder socialista, Rodríguez Zapatero, significó entre otras cosas un gran impulso a esas tendencias antedichas que se alimentaban mutuamente: recuperación de la memoria histórica y deslegitimación (o al menos distanciamiento crítico) de la transición. El malestar social quedó latente hasta que la crisis económica golpeó con fuerza al conjunto de la sociedad española. En 2011 un movimiento aparentemente espontáneo tomó las calles y plazas de las grandes ciudades españolas al grito de “No nos representan” (en alusión a los líderes políticos y partidos parlamentarios): era la marea del 15-M (por la fecha de comienzo) o de los indignados (por la actitud de sus integrantes). Aunque el movimiento de masas se fue diluyendo, el sistema político establecido acusó el golpe. Aparentemente todo volvía a su cauce con el nuevo acceso del PP al poder en ese mismo año de 2011. Pero la dinámica desatada era ya imparable. Nuevos movimientos sociales, medios cada vez más críticos y propuestas políticas más audaces se fueron abriendo camino: el fenómeno de Podemos, sus confluencias, allegados y satélites, es el mejor exponente de ese radical cambio social y político. El denominador común, una enmienda a la totalidad al llamado “régimen del 78” desde sus mismos orígenes (cómo se había hecho la transición), en sus propios fundamentos (críticas al rey y cuestionamiento de la monarquía), en sus pilares económicos (rechazo a una oligarquía corrupta) y en su dinámica política (partidos cerrados, viciados, ajenos a la ciudadanía).
El lector que haya llegado hasta aquí contará hasta cinco grandes áreas o ámbitos de problemas que golpean desde hace tiempo al entramado institucional de España, según se han ido desgranando en los párrafos anteriores. Nos queda uno. Hemos dejado para el final, en efecto, el problema fundamental, el que a la postre va a asestar el golpe definitivo al orden constituido en diciembre de 1978. Durante un tiempo, en los años recientes, se pensó que ese golpe decisivo estaba llamado a protagonizarlo el descontento ciudadano, el malestar provocado por la crisis, la movilización de cientos de miles de personas, la impaciencia de las nuevas generaciones… Se habló largo y tendido de la imprescindible regeneración del sistema para dar cabida a las nuevas demandas y las nuevas realidades que habían ido abriéndose paso en estas últimas décadas. Sin embargo, había un problema mayor, perceptible desde primera hora, latente en determinadas fases, emponzoñado en otras, crónico en todas ellas, que ahora estallaba con más fuerza que nunca: la tensión centrífuga, el asunto nunca resuelto de las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos. Si durante ciertos períodos parecía que el destinado inevitablemente a romper las costuras del régimen llamado de las autonomías era el nacionalismo vasco –con la punta de lanza del terrorismo etarra-, en los últimos años ha ido dibujándose con nitidez una amenaza mucho más consistente y mejor urdida, la proveniente del nacionalismo catalán.
No nos podemos llamar a engaño ni hacernos los sorprendidos. El problema no viene de ahora sino que hunde sus raíces en el mismo período constituyente: ¿cómo se daba satisfacción a la extendida aspiración al autogobierno de las llamadas –con más o menos fundamento- nacionalidades históricas? ¿Cómo se articulaba en el texto constitucional? ¿Cómo se conjugaba con la imprescindible vertebración del país y la salvaguarda de la unidad de España? Más concretamente, ¿cómo otorgar ventajas, privilegios o simplemente ceder prerrogativas autonómicas a Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia, y negar todo ello al resto de regiones y territorios españoles? La solución se plasmó en el llamado Estado de las autonomías, un invento –engendro o chapuza, depende de los matices- a medio camino entre el Estado descentralizado, el federal y el confederal, tomando cosas de cada uno de ellos sin coincidir en todo con ninguno. “Café para todos” dijeron algunos. Una vez más, se trataba de un recurso in extremis para salir del apuro, para obtener la cuadratura del círculo. O, en otras palabras, el castizo “mantente mientras cobro”. A nadie se le escapaba que, si el conjunto del texto constitucional era ya de por sí un delicado equilibrio de juegos y fuerzas, lo relativo al ordenamiento territorial era el triple salto mortal… ¡y sin red! Pero, una vez más, lo cierto es que milagrosamente el andamiaje se sostuvo. Bien es verdad que con no pocas tensiones en un sentido y en su contrario. Mientras que unos tiraban para ampliar las cotas de autogobierno, otros buscaban el modo de frenar una deriva centrífuga que desde el momento en que se había desatado parecía difícil de parar. Andalucía con su referéndum del 28 de febrero de 1980 marcó el camino por el que transitarían el resto de las regiones: ¡nada de autonomías de primera y de segunda! ¡Todas por la misma vía! De este modo, se servía en bandeja una dinámica perversa, pues el techo competencial ganado por una autonomía se convertía pronto en objetivo para todas las demás y a corto plazo en suelo firme a partir del cual seguir reclamando más competencias.
Desde la atalaya actual es fácil ser crítico con los perpetradores del invento, los artífices de la Constitución y los grupos y partidos que la apoyaron (que, dicho de paso, fueron casi todos, salvo los extremos). Si hacemos un esfuerzo de ponderación, debemos reconocer que no había muchas alternativas viables en los momentos en que se emprende la transición. Era imposible a esas alturas construir un sistema democrático sin el concurso de las fuerzas políticas catalanas y vascas, que habían hecho de la cuestión del autogobierno una demanda irrenunciable. Hay quien dice que se podía haber limitado ese autogobierno a los tres territorios clásicos, pero eso difícilmente se hubiera aceptado por el ejército y otros poderes del momento. El problema era que una vez abierto el grifo de vaciamiento del Estado, ¿quien cortaba el agua? No olvidemos que hubo sucesivos intentos para taponar dicha fuga pero unos tras otros fueron fracasando, empezando por aquella diferenciación imposible entre transitar por el camino del artículo 143 o 151 (vía lenta o vía rápida), siguiendo por la LOAPA y sin olvidar, en fin, las sucesivas resistencias de los gobiernos centrales que terminaban siempre erosionadas por la fuerza de los hechos. Por dos, fundamentalmente: primero, como no existe el vacío de poder, en cada autonomía se fue constituyendo una elite u oligarquía local que extraía una gran rentabilidad de la dinámica centrífuga del sistema; segundo, las llamadas minorías vasca y catalana (en realidad solo los partidos nacionalistas de dichas autonomías) se erigieron en garantes de la estabilidad de los sucesivos gobiernos centrales, fueran conservadores o socialistas. Y usaron ese poder en un sentido que podía confundirse con un vulgar chantaje: apoyo a cambio de más competencias y más partidas presupuestarias. Así las cosas, el margen de maniobra de los protagonistas era escaso. Era prácticamente imposible escapar de la dinámica del círculo vicioso.
Una vez más podría decirse que, pese a todos los problemas apuntados y las ostensibles deficiencias del régimen autonómico, el ordenamiento político español resistía los embates con una cierta fortaleza. La cuestión clave en este caso era de naturaleza estrictamente política y no procedía del régimen constitucional en sí sino del encaje en él de los nacionalismos vascos y catalán. Por decirlo sin ambages, la dinámica del Estado de las autonomías resultaba insoportablemente frustrante para las aspiraciones específicas de los mencionados movimientos nacionalistas, hegemónicos en sus respectivas comunidades. Ya fuera porque aspiraban a un reconocimiento explícito y por supuesto legal del hecho diferencial catalán o vasco, ya fuera directamente porque ambicionaban la independencia total de España, lo cierto es que los partidos autodenominados nacionalistas en ambas comunidades plantearon unas reivindicaciones de reconocimiento político que iban mucho más allá de lo que el régimen del 78, por más flexible que se mostrara, podía concederles sin poner en riesgo la propia estructura del sistema. Así las cosas, a menudo surgían voces, sobre todo desde la izquierda, recetando un régimen federal como panacea. Lo cierto es que ni siquiera el federalismo podía satisfacer a esas alturas a los nacionalismos periféricos ni contener sus ansias de romper los límites establecidos. Se ha hablado a menudo de la abierta deslealtad de estos sectores con respecto al orden constitucional español. Sea como fuere, la dinámica centrífuga adquiría visos de desafío sostenido e implacable: se concretó primero en el llamado plan Ibarretxe (2001), que siguió los cauces establecidos y pudo ser desbaratado por el Congreso (2005). Ya en este texto se hablaba del derecho de autodeterminación y se establecían claramente las bases de una relación de igual a igual entre un futuro Estado vasco y el Estado español, reivindicaciones que pese al reflujo de las peticiones maximalistas, nunca han desaparecido del todo del horizonte político del nacionalismo vasco.
Por esas fechas –más concretamente, entre 2004 y 2006- el Parlament catalán discutía las bases de un nuevo Estatut que ampliaba ostensiblemente el techo competencial sobre la base de la definición de Cataluña como nación que aspiraba a autogobernarse con todas sus consecuencias y, por supuesto, libre de trabas externas (léase interferencias españolas). El compromiso expreso del presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, de suscribir y apoyar el texto que saliera del legislativo catalán se convirtió en un boomerang que golpeó los resortes del sistema. La división entre las fuerzas políticas españolas e incluso entre los propios partidos catalanes no fue obstáculo para que el texto siguiera su curso y terminara siendo aprobado por las Cortes españolas en medio de una áspera polémica, con algunas modificaciones que no contentaron a nadie y, sobre todo, sin que se disiparan las dudas y en algunos casos las alarmas sobre su incompatibilidad con la Constitución. Fue aprobado en referéndum por la ciudadanía catalana en junio de 2006. Recurrido por diversas instancias –entre ellas el PP y el Defensor del Pueblo- ante el Constitucional, lo peor con todo es que el alto Tribunal tardó cuatro años en hacer pública una sentencia que declaraba inconstitucionales 14 artículos, abriendo así una crisis y una frustración que se iban a convertir, convenientemente instrumentalizadas, en el caldo de cultivo del más poderoso movimiento de reivindicación nacional vivido nunca en Cataluña.
Los acontecimientos sucintamente descritos eran solo la espuma de una marejada mucho más profunda que empezaba por el control del nacionalismo catalán de todos los resortes del sistema educativo a lo largo de varias décadas, así como el no menos férreo dominio de los mass media, de manera que sucesivas generaciones se fueron formando e informando en un ambiente de nacionalismo cotidiano, tan natural y espontáneo como el hecho mismo de respirar. Tienen razón quienes señalan que no todo puede imputarse al adoctrinamiento escolar o la manipulación mediática, que muestran claramente sus límites, pero no es menos cierto que se ha ido formando un espeso entramado de nacionalismo banal que solo otorga cartas de ciudadanía a quienes comparten, aunque sean trivialmente, los principios nacionalistas (el buen catalán por oposición al español, botifler, charnego, etc.). Del mismo modo, la calle y los espacios públicos han evidenciado desde la transición a nuestros días el predominio abrumador del catalanismo político y cultural en todas sus formas y manifestaciones. Mientras persistan esas bases, en tanto que no se revierta dicha tendencia o al menos despunte una resistencia no puntual sino sostenida, será difícil cosechar otros frutos que los obtenidos hasta ahora. En un mundo globalizado y cada vez más complejo, el nacionalismo –como el populismo, que tanto se le parece- ofrece respuestas sencillas y eficaces a unos ciudadanos temerosos y confusos. También da respuesta a los indignados en cuanto que señala la fuente de todos los males. El ejemplo catalán es un caso de libro del modus operandi de un movimiento nacionalista: identifica primero a un enemigo –España-, alimenta un orgullo de identidad nacional –ser catalán- y canaliza siempre la frustración económica, social y política en un mismo sentido, a saber, que España es el problema y la independencia, la solución.
Que las elites locales sustentaran ese discurso y alimentaran esos objetivos es algo que a nadie puede sorprender. Que esa oligarquía regional consiguiera el apoyo de un considerable sector de la ciudadanía catalana se puede explicar no solo porque aquella dispusiera de mecanismos ad hoc bien engrasados con dinero público sino por las mismas razones que llevan a muchos a defender el proteccionismo: a corto plazo se extraen réditos indudables de un mercado pequeño, controlable y con múltiples cortapisas para permitir la entrada del foráneo. Por decirlo en términos contundentes, hay mucha gente que vive –y vive muy bien- gracias al procés, del mismo modo que existen múltiples organismos que solo tienen su razón de ser en la política de tensión y adoctrinamiento. Que la inmensa mayoría de la izquierda española haya mirado con simpatía o, como mínimo, una alta comprensión una doctrina tan abiertamente contrapuesta al igualitarismo, la solidaridad, el internacionalismo y hasta la libertad, entra dentro de las patologías ideológicas que vienen de lejos en nuestra historia pero que sin lugar a dudas potenció el franquismo y que perviven mucho después de la muerte del dictador. Una parte de esa izquierda –En Comú Podem- se ha instalado con toda naturalidad en la equidistancia y la ambigüedad, mientras que la más asilvestrada –los grupos antisistema de la CUP- se ha sumado a la lucha nacionalista contra el opresor Estado español más por razones tácticas o simplemente oportunistas que por compartir objetivos últimos, pero esto aquí es cuestión secundaria.
Lo que importa por encima de todo es que desde la mencionada sentencia del Constitucional sobre el Estatuto y muy especialmente desde la formación de una candidatura transversal para las elecciones de 2015 (Junts pel sí), el nacionalismo catalán adopta resueltamente la formulación independentista, alienta movilizaciones masivas en pos de ese objetivo y pone en marcha una serie de mecanismos políticos que tienen como fin último la constitución de una República catalana. Los pasos se han ido sucediendo en este sentido sin que el gobierno español respondiera ante los sucesivos embates con medidas efectivas para detener esa deriva. Sería injusto culpar en este sentido solo al ejecutivo de Rajoy. Siendo ecuánimes, es forzoso reconocer que este gobierno ha proseguido simplemente la tendencia pusilánime y contemporizadora que en líneas generales ha caracterizado al Estado español ante los excesos y chantajes de algunos nacionalismos periféricos. Pero la radicalización –hybris- de unos y la pasividad de otros ha conducido en este caso a una situación peculiar, cuyas características han desconcertado a muchos y que, en mi opinión, no han sido bien interpretadas por la mayoría de los analistas. ¿Adónde nos conduce el desafío independentista?, se preguntaban muchos, perplejos ante una dinámica incontrolada que llevaba a lo que muy impropiamente denominaban “choque de trenes”. ¿Cómo en esa carrera alocada hacia una inviable República catalana no se dejaba resquicio alguno a la marcha atrás, a una negociación seria, a un plan B?
La respuesta creo que puede hallarse en el análisis reposado de la trayectoria de los nacionalismos peninsulares –y en el caso que nos ocupa del catalanismo- en estas cuatro últimas décadas. Unos nacionalismos que se ven a sí mismos legitimados por la historia y, más concretamente, prestigiados por su vitola supuestamente progresista frente a un siempre acomplejado Estado español, tildado en sus pretensiones de mantener el orden constitucional vigente de centralista, autoritario o abiertamente heredero del franquismo. El mantenimiento de este discurso –ampliamente asumido en el ámbito español- ha posibilitado una política de presión constante sobre el gobierno central del signo que fuese con provechosos resultados de obtención de fondos públicos y ampliación ininterrumpida del autogobierno. En los últimos años, el catalanismo no ha hecho más que transitar por esa vía, solo que de modo más acelerado y adelantándose –conviene tenerlo en cuenta- a una pulsión que, aunque latente, se halla también en otras comunidades autónomas. En términos más concretos, ante el recorte del Estatut por parte del Constitucional la continuación por esa misma senda le conducía a una inevitable radicalización. Digo inevitable, naturalmente, recogiendo sus propios parámetros, su lógica interna, la seguida hasta ahora. ¿Por qué no iba a hacerlo así? La experiencia indicaba que el gobierno central –o sea, en último término, el Estado- siempre terminaba reculando si percibía una firme resolución y no digamos ya nada si había dos millones de personas movilizadas (en sus ensoñaciones, Cataluña entera). Analistas y politólogos se preguntaban ingenuamente dónde estaba el seny, la burguesía catalana o incluso las clases medias, profesionales e intelectuales: ¿cómo era posible que marcharan todos ellos, por ejemplo, al paso de los desarrapados de la CUP? La respuesta estaba en la experiencia de estos últimos años, del pujolismo hasta hoy. A todos –unos más, otros menos- les había ido muy bien con ese procedimiento.
La estrategia tenazmente reivindicativa del catalanismo –sin asumir apenas contrapartidas y otras responsabilidades- se había revelado eficaz. Es verdad que ahora se estaba llegando demasiado lejos o demasiado deprisa y se encendían algunas alarmas, pero era más fácil callar que arriesgarse a una denuncia en solitario. Por no señalarse nadie, todos callaban. Por tanto, el procés seguía, ya imparable, su propia dinámica. ¿Hacía dónde? Eso ya dependería de la reacción del gobierno de Madrid ante los hechos consumados. La clave de la cuestión es que gran parte de los embarcados en esa estrategia estaban convencidos de que no tenían nada que perder. Madrid no se atrevería a un sometimiento manu militari. Un gobierno débil y en minoría tendría pronto o tarde que ceder. En el peor de los casos, se llegaría por las buenas o por las malas a un pacto y en este caso los dirigentes catalanistas estaban convencidos que cuanto más se presionara, mejor sería la posición para negociar. Y todo ello sin descartar que el Estado terminara errando gravemente al no modular adecuadamente su respuesta: cualquier medida de tipo represivo contra el pueblo catalán pacíficamente movilizado sería utilizada convenientemente, nutriría el victimismo y, por tanto, revertiría a favor de la causa. Eso fue –y no otra cosa- lo que pasó en el simulacro de referéndum del 1 de octubre. La estrategia no era tan descabellada como en principio podía colegirse de las grotescas declaraciones y la cochambrosa praxis de un conglomerado político heterogéneo –la coalición Junts pel sí-, que no solo mostraba una clamorosa incompetencia factual sino también su incapacidad para canalizar sus objetivos por cauces democráticos o mínimamente respetuosos con su propia legalidad estatutaria. Es verdad que ante esa revolución de opereta, no menos sorprendente resultaba la impavidez del Estado. En concreto, el gobierno se acogía a la virtud de la prudencia, se limitaba a llamar al buen sentido (una formulación muy cara al presidente del gobierno) y, en último extremo, a activar exclusivamente la respuesta judicial que, por su propia esencia, le hacía parecer siempre a remolque de los acontecimientos.
Los sucesos del 1 de octubre constituyeron la piedra de toque en esa confrontación de estrategias disímiles. Escaldado por la burla del anterior simulacro participativo del 9 de noviembre de 2014 y aguijoneado por las críticas hacia su inacción, el gobierno no quiso esta vez perder el pulso –el control de la calle-, pero al actuar tarde, mal y contra objetivos equivocados (la gente común en vez de los dirigentes) le hizo a sus adversarios el regalo más preciado: el control propagandístico de los acontecimientos, lo que hoy se llama el relato. Una visión de los hechos, de consecuencias todavía incalculables en cuanto que ha calado en distintas instancias internacionales, que dibuja un conflicto entre un Estado autoritario y represor, de pulsiones cuasi franquistas, frente a las demandas pacíficas de una comunidad que solo aspira al derecho a decidir. Otra consecuencia nada desdeñable desde el punto de vista institucional es que, ante la gravedad de la situación, tuvo que ser el propio rey, Felipe VI, quien diera un trascendental paso al frente con un discurso firme frente a la intentona sediciosa, una iniciativa que por su tono y las excepcionales circunstancias que le rodeaban ha sido asimilada con razón al famoso discurso de su padre el 23-F. Como suele suceder en estos conflictos, llegados a un determinado punto los acontecimientos se precipitaron sin que los protagonistas pudieran ya controlarlos. De este modo, los independentistas proclamaron una república catalana que ni querían ni en la que creían y, por otro lado, las fuerzas constitucionales apelaron a un artículo de la Carta Magna (el 155) que tampoco querían ni se atrevían a aplicar con todas sus consecuencias. En este trance, cuando parecía superado por los hechos, Rajoy tuvo la habilidad de llegar a un acuerdo con otros partidos que le permitió neutralizar las críticas de un importante sector del estamento político por una decisión siempre arriesgada en el actual contexto español, como es suprimir una autonomía. En especial, era determinante el asentimiento de una parte de la izquierda –el PSOE- que en la cuestión de las reivindicaciones nacionalistas siempre se había mostrado más que comprensiva. Por otro lado, en contra de las predicciones catastrofistas la aplicación light del artículo 155 no trajo sangre en las calles ni resistencia en los despachos. El catalanismo era otro tigre de papel.
La subsiguiente sensación de alivio –hasta que la campaña electoral enconó nuevamente las proclamas de unos y otros- era comprensible pero un tanto engañosa. El conflicto estaba enquistado porque se había llegado demasiado lejos y sobre todo se había atajado demasiado tarde. Aunque no se ha subrayado suficientemente, creo que aquí está una clave fundamental: si algo ha caracterizado hasta el momento este embrollo es el hecho de que todo el mundo ha llegado tarde. Reaccionó tarde el gobierno de la nación, siguiendo la estela de los gobiernos anteriores. Por miedo o falta de confianza en sus propias fuerzas –avasallada por la prepotencia nacionalista- reaccionó tarde la sociedad civil para disputar al catalanismo su visibilidad y los espacios públicos. Reaccionó clamorosamente tarde el tejido empresarial, las grandes, pequeñas y medianas empresas, los bancos y las organizaciones patronales, hasta el punto de que pagaron su cobarde silencio con una aparatosa estampida en el último minuto, cuando vieron que el procés les llevaba al desastre. Podría decirse incluso que ha llegado tarde el propio independentismo, planteando una secesión inviable en el actual espacio de la Unión Europea (de ahí su nulo reconocimiento internacional, su fracaso más espectacular). Ahora bien, una vez dicho todo eso, las espadas siguen en alto entre otras cosas porque el catalanismo ha sido muy hábil para formular sus demandas en unos términos engañosamente democráticos: autodeterminación, queremos votar, tenemos derecho a decidir, somos un pueblo maltratado política, económica y culturalmente, etc. Amplios sectores políticos y sociales –no solo independentistas y no solo catalanes- se han apresurado por convicción u oportunismo a comprar esas aspiraciones democráticas. En particular, la izquierda sociológica, con escaso bagaje democrático y una cierta nostalgia revolucionaria, ha contemplado –quizá no con simpatía pero sí con indulgencia- el desafío a las instituciones (sobre todo porque estaba el PP en el gobierno) sin asumir que no hay democracia sin respeto a la ley. Si las demandas de un sector, por muy legítimas que parezcan, conculcan aquella, entramos en un proceso revolucionario que solo se resuelve mediante la fuerza. Dar satisfacción a las aspiraciones independentistas tal y como se están planteando supondría ni más ni menos que la liquidación del Estado de derecho tal y como hoy lo disfrutamos.
No me voy a extender a estas alturas sobre las causas abiertas por la Justicia y la detención de algunos dirigentes independentistas, factores destinados a enrarecer más el panorama en los próximos meses. Tampoco puedo alargarme sobre el resultado de las elecciones del 21-D. Hacerlo, desbordaría hasta la desmesura los límites de este análisis urgente. Lo esencial, con todo, es la confirmación de lo sabido: la polarización casi al cincuenta por ciento de la sociedad catalana en dos bloques antagónicos. No hay trasvase de votos de una de esas partes a la otra, sino una reordenación interna de cada uno de los dos sectores según la coyuntura. El triunfo de la firmeza de Ciudadanos puede hacernos albergar esperanzas pero a corto plazo la aritmética parlamentaria sigue favoreciendo a los independentistas. Las cinco principales lecciones de los comicios son en mi opinión las siguientes: en primer y principal término, la confirmación de que el artículo 155 se ha aplicado tarde, mal y en una medida harto insuficiente para despejar un panorama endiablado; segundo, que la estrategia del gobierno español ante el desafío independentista ha sido torpe, pusilánime y contradictoria; tercero, que la llamada judicialización del conflicto se ha convertido en un boomerang para el Estado; cuarto, que no se ha atajado convenientemente la dimensión internacional en clave de incomprensión o escándalo (esperpento en Bruselas incluido) y quinto y último, que emerge como algo más que vencedor moral de unos comicios celebrados prematuramente y en clave de plebiscito un dirigente enloquecido como el expresidente Puigdemont. La conjunción de todos esos factores no solo no augura nada bueno sino que deja el campo de juego embarrado y sin alternativas. Las mediaciones, transacciones o acuerdos entre los bloques se antojan hoy por hoy inalcanzables. Y, sin embargo, algo habrá que hacer…
No tengo inconveniente en confesar que antes de la exacerbación del conflicto, era partidario de la reforma constitucional. Mis razones en pro de esta se desprenden de todo lo expuesto hasta ahora. No hace falta asumir el discurso rupturista de Podemos para reconocer que nuestro sistema político está seriamente desgastado y necesita algunos importantes cambios de rumbo, de contenido y de procedimientos, ya sea en forma de grandes pactos, ya como retoques en la Carta Magna o, más probablemente aún, de ambas maneras. Crisis, como se ha dicho en muchas ocasiones, no tiene por qué ser sinónimo de quiebra sino de oportunidad. En principio, podría pensarse que esta crisis debía ser por tanto nuestra oportunidad para reformar las estructuras de un régimen que durante cuarenta años ha funcionado razonablemente bien pero que a estas alturas necesita savia nueva. El problema, como antes se dijo, es de tiempo, en el sentido de oportunidad. Estas iniciativas debieron de llevarse a cabo hace algunos años, antes del deterioro del bipartidismo de facto. Ahora, además, con el estallido del problema catalán, abrir el melón constitucional probablemente acarrearía más inconvenientes que beneficios. Es obvio que hay que repensar inevitablemente el encaje de Cataluña en España con dos millones de ciudadanos en esa comunidad que propugnan la secesión, pero confiar en que esto lo resuelve una reforma constitucional en términos federalizantes es una ingenuidad que ya no podemos permitirnos. Y no paradójicamente por lo que los constitucionalistas estemos dispuestos o no a ceder, sino porque a los independentistas aquí y ahora ya no les basta con dicho encaje, pues aspiran a otra cosa.
Es urgente restañar las heridas para posibilitar la convivencia -en primer término, en el propio seno de la sociedad catalana- pero no se atisba a estas alturas cuáles pueden ser las vías para conseguir no ya una reconciliación sino meramente la conllevancia orteguiana (y esta vez no estaríamos hablando de catalanes y el resto de los españoles, sino de los primeros entre sí). Hace falta mucha flexibilidad y mucha negociación, pero lo que abunda es exactamente lo contrario, la visceralidad y el enfrentamiento. La coyuntura es perversa no solo por ello sino porque provoca cada vez más radicalidad y polarización, como muestran las últimas elecciones. En mi opinión, hay tres rectificaciones fundamentales que deben ponerse sobre la mesa para encarar el conflicto con algo más que los socorridos paños calientes. Primero, el gobierno de la nación –o sea, la instancia que representa a todos los españoles- debe adoptar una postura política activa y no solo reactiva: no puede seguir dejando la iniciativa a los independentistas para luego negociar, doblegarse o resistir sobre las propuestas de estos, como se ha hecho habitualmente en las últimas décadas. La obviedad de que Cataluña no pertenece solo a los catalanes está lejos de ser asumida. Las nefastas consecuencias económicas del procés –contempladas con suicida complacencia por algunos sectores- constituyen una factura que deberá abonar España entera, no solo Cataluña. La huída de empresas y el descenso de los principales indicadores económicos solo favorecen a la postre al corralito del independentismo, que se alimenta del consabido “cuanto peor, mejor”. Por todo ello, el Estado tiene el deber de revertir esa situación con todos los medios a su alcance, abandonando la pasividad mantenida hasta ahora. Nos jugamos mucho en ello, desde la recuperación económica al prestigio internacional.
En segundo lugar, hay que cortar –y cuanto antes, mejor- la tendencia centrífuga ilimitada que ha llevado al colapso político y económico del actual Estado de las autonomías y ha convertido en residual la presencia del Estado en algunas comunidades autónomas. Véase el caso de la educación en manos de las oligarquías locales. Y no me refiero tan solo al adoctrinamiento y la manipulación –como se ha denunciado reiteradamente- sino que apelo al más primario sentido común: no pueden seguir coexistiendo diecisiete planes educativos. Por otro lado, dejar que los partidos y grupos nacionalistas sigan campando por sus respetos no solo conduce a flagrantes derivas de insolidaridad interterritorial (el caso vasco como paradigma) sino que conduce a episodios de xenofobia intolerables, como ese “¡que se vayan!” que espetan los catalanistas a sus conciudadanos que no comparten su credo. Una estrategia, dicho sea de paso, que puede ser tildada de antidemocrática pero no de irracional, pues les dejaría el campo libre para sus objetivos. Y, por último, en tercer lugar, aceptando lo obvio, es decir, que el independentismo es una opción política tan legítima teóricamente como aquellas que se le oponen, hay que exigir a los partidos que sustentan esa doctrina algo tan básico como que cumplan las leyes, promuevan sus aspiraciones y reformas dentro del marco constitucional y que, en definitiva, sean leales al sistema que permite la convivencia libre y pacífica de todos los españoles. Una lealtad, ocioso es decirlo, perfectamente compatible con la aspiración a cambiar todo lo que les parezca o a salirse fuera del propio sistema (eso sí, siguiendo las vías designadas al efecto y respetando la voluntad de las minorías).
El simple hecho de que haya que explicitar nociones tan elementales nos da la medida de nuestra actual desorientación. Peor aún es que, como sabe cualquier observador, esos tres objetivos -que no deberían ser objeto de negociación, sino previos a toda negociación- están muy lejos de ser aceptados y asumidos por las partes. Y lo más grave es que todo indica que tanto el gobierno de la nación como las autonomías se empecinan en marchar en sentido opuesto. Ni el Estado tiene hoy por hoy fortaleza ni determinación para recuperar las atribuciones transferidas, ni las instituciones autonómicas se plantean devolver estas ni los independentistas van a renunciar al permanente sabotaje de un régimen que “ya no les representa”, empezando por la Corona. Así las cosas, incluso las iniciativas más generosas para integrar a los exaltados o las propuestas de ingeniería política para el encaje de Cataluña no parecen que puedan ir más allá de parches para ir tirando. Ya antes apuntamos que, si este diagnóstico es correcto, hasta las propuestas federalizantes, en las que distintos expertos pusieron sus esperanzas, llegarían tarde. Se han dado demasiados pasos en la dirección equivocada y ahora es muy complicado no ya repensar todo sino meramente rectificar. Pese a todo ello, sea como fuere, habrá que negociar, transigir, pactar. Un conflicto de esta gravedad exige que todos los sectores en litigio asuman que es inevitable hacer concesiones, probablemente dolorosas para muchos. Hay que buscar fórmulas para salvar lo esencial, la prosperidad económica que tanto esfuerzo nos ha costado y nuestro sistema de convivencia en paz y libertad. Ya sabemos que el tiempo por si solo no resuelve nada, como no sea la putrefacción de los problemas que no se afrontan. Y no podemos seguir dejando que la fruta siga pudriéndose porque, siendo ahora grave la crisis, lo que venga después será peor.
miércoles, 10 de enero de 2018
lunes, 11 de diciembre de 2017
El reinado de Juan Carlos I
LUCES DE UN REINADO
José Luis García Delgado (ed.): Rey de la democracia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017. 296 pp.
Publicado en Revista de Libros, 6-11-2017.
http://www.revistadelibros.com/resenas/rey-de-la-democracia-garcia-delgado
“Luces y sombras” es una expresión clásica a la hora de establecer un balance que se pretenda equilibrado de un determinado período histórico, la trayectoria de un personaje, el desarrollo de un proceso o la ejecutoria de una institución. Esto reza también para los treinta y nueve años del reinado de Juan Carlos I (1975-2014), protagonista de una iniciativa política excepcional y símbolo eminente del tránsito entre un régimen dictatorial y un sistema democrático.
La abdicación se ha producido en una fecha que está todavía muy cercana a nosotros. Por otro lado, el Rey, si se me permite la adaptación de la expresión tradicional, “ha muerto” –en términos políticos e institucionales- pero el hombre sigue vivo. Todo ello nos obligaría como historiadores, no como cronistas de la actualidad, a mantener ciertas cautelas. Se ha publicado muchísimo sobre la transición, pero aún queda bastante por saber e investigar de esta reciente fase de nuestro país, sobre todo en el ámbito de la “historia menuda” (que en ocasiones no lo es tanto). El propio sujeto físico, como queda dicho, puede tener todavía un considerable trecho vital y, aunque ahora en segundo plano, su condición de ex Rey o Rey emérito le permite jugar un influyente y nada desdeñable papel representativo o de prestigio. No arriesgo nada, por tanto, al asegurar que, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, de aquí a los próximos años saldrán a la luz múltiples documentos y se conocerán algunos pormenores que, a buen seguro, cambiarán en algunos aspectos nuestra percepción de los acontecimientos.
Ahora bien, una vez dicho eso, habría que alegar en sentido opuesto dos reconocimientos que me parecen tan incuestionables o más que los anteriores. El primero cae por su propio peso: la abdicación del Rey cierra indudablemente un ciclo. La tentación de acometer un inventario de todo lo ocurrido en esas casi cuatro décadas es casi irreprimible y es normal que en los tiempos de aceleración histórica que vivimos, nadie o casi nadie pueda resistirse. Ni los historiadores ni las editoriales, que en último término satisfacen las demandas de un público que exige este tipo de cuentas. El segundo reconocimiento añade simplemente un matiz, al tiempo que me permite entrar ya en el meollo de la cuestión. Ningún período del pasado –y mucho menos los más cercanos a nosotros- está definitivamente establecido para los historiadores, es decir, queda como campo yermo, clausurado para siempre. Por el contrario, el pasado cambia y cabe incluso subrayar que cambia constantemente, en función de la perspectiva desde la que lo contemplamos. No estoy hablando, como antes, del surgimiento de nuevos datos sino simplemente de la irrupción de nuevas miradas que alterarán con absoluta certeza –lo están haciendo ya- la consideración de este pasado reciente. Difícilmente puede negarse que la propia situación política actual, marcada por la incertidumbre secesionista y la irrupción de nuevos partidos radicales, hace inevitable una reflexión sobre la trayectoria recorrida, al compás de los cambios experimentados por el análisis, comprensión y aprecio de la España de Juan Carlos I.
La obra que aquí se reseña acusa un claro perfil generacional, marcado por la satisfacción por el camino recorrido y el modo de haberlo llevado a cabo: en suma, la tesis de que el reinado de Juan Carlos I constituye no solo un momento francamente positivo en la historia española sino que, mirado con perspectiva histórica, resulta ser por contraste con un pasado sombrío, un período excepcionalmente fructífero en todos los órdenes. Y que debemos tomar nota de todo ello para hacer frente a las dificultades de los tiempos que corren. El que firma estas líneas se adscribe sin reservas o duda alguna a los presupuestos, argumentaciones y líneas de análisis que desarrollan los autores que participan en este volumen colectivo. Es difícil no estar de acuerdo con Mario Vargas Llosa, que cierra el volumen con un epílogo encomiástico, cuando afirma que los años del reinado de Juan Carlos I, han sido “los más libres, democráticos y prósperos de la larga historia de España”. Es cierto, entre otras cosas, porque la historia de España no abunda en teoría y práctica –al menos continuada- de libertades, democracia y prosperidad. Algunos menos estarán de acuerdo en la apreciación de que esos bienes se deben “en gran parte a su tino y astucia”. Sin negar estas cualidades, no son pocos hoy en día los que las relativizan o prefieren resaltar otros factores menos personalistas. Y aumentarán sin duda las defecciones o, al menos, las matizaciones circunspectas, al leer la catarata de elogios que el escritor hispano-peruano adjudica al monarca: “su destreza política, simpatía, talante y cercanía con la gente común” han logrado “recobrar para la Monarquía española un apoyo popular entusiasta”, que se prolonga incluso en los tiempos que corren, en los que el Rey “ha recibido múltiples manifestaciones de cariño en todas sus presentaciones públicas y muy pocos ataques y diatribas” (pp. 265-266).
No hace falta ser un furibundo antimonárquico para alegar por lo pronto -o por lo menos- que no es precisamente eso lo que dicen las encuestas de opinión pública en España acerca de la popularidad de la Monarquía y en concreto de la figura de don Juan Carlos en los últimos tiempos. No es una cuestión menor porque a cualquiera se le alcanza que, de haberse mantenido la aceptación que en efecto tuvo en un momento dado Juan Carlos I, no se hubiera producido la abdicación. En última instancia bien puede decirse que fue el propio Rey el que reconoció meses antes la gravedad de la situación cuando, aún convaleciente del sonado accidente de Botsuana, hizo aquellas sorprendentes declaraciones desde el propio hospital: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Todo lo que vino después, incluyendo naturalmente la propia decisión de abdicar, no fueron más que las consecuencias inevitables de ese deterioro (justo o injusto: de eso hablamos luego) de la imagen de la Corona en la opinión pública española. La no invitación a don Juan Carlos en la reciente conmemoración del cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) es un síntoma significativo –e incuestionablemente chocante- de cómo están las cosas…
Seamos sinceros y cojamos el toro por los cuernos. Un libro de las características del que estamos hablando surge en un contexto muy determinado que sería hipócrita ignorar o encubrir. En este sentido, por tanto, tengo que hacer constar que me parece más adecuada la declaración de principios –un poco renqueante, todo hay que decirlo- que efectúa en las páginas iniciales el editor, José Luis García Delgado (pp. 11-13). Una declaración –adelanto ya- que explica también tanto el sentido de este libro como la idoneidad del momento concreto en que aparece. Lo que en el fondo se sostiene en dicho prólogo es que no están los tiempos para aparatosas celebraciones ni, mucho menos, para alharacas palaciegas, pues la crisis ha dejado profunda mella en la sociedad española y aguda sensibilidad en la opinión pública. García Delgado se expresa de manera cauta y circunspecta, sin entrar en detalles incómodos, aludiendo tan solo a la “severidad de la crisis que enmarca el final del reinado y las circunstancias que lo rodearon”.
Las “circunstancias” están en la mente de todos y, de hecho, alguno de los colaboradores del libro, como Charles Powell, alude con nombres propios (Urdangarín, Botsuana) a las contingencias del fin del reinado (p. 191). Volviendo a las palabras del editor y prologuista, García Delgado argumenta que estos últimos eventos han dejado en la vida política española y en la opinión pública un sedimento agrio que es inútil negar. De ahí precisamente “una doble percepción” que explica la necesidad de un libro como este: primero, que las grandes aportaciones del monarca a lo largo de casi cuatro décadas “han sido relegadas, cuando no desdibujadas, por el paso de los años”; y segundo, estrechamente vinculado con lo anterior, “que al enjuiciar el papel histórico del hoy Rey emérito acabe pesando más lo anecdótico que lo fundamental, lo menor que lo mayor, o lo privado frente a lo público”. A buen entendedor…
Dejando de lado los matices formales, no podemos estar más de acuerdo con las premisas enunciadas. Y es completamente congruente ese planteamiento con el tono general del libro, un “producto académico” pero también un acto o “impulso cívico” de reconocimiento y gratitud a la figura del Monarca, como explícitamente señala Francesc de Carreras (p. 80). Tanto es así que, volviendo una vez más al prologuista, se vincula el plano del conocimiento en el que esta obra se sitúa con una inyección de moral ciudadana y hasta de impulso patriótico: “conocer mejor un pasado que puede alimentar nuestra autoestima para mejor ganar el tiempo que viene” (p. 12). Un ideal de ciudadanía ilustrada que está especialmente presente en el espíritu del artículo que firma Victoria Camps, no casualmente titulado “De súbditos a ciudadanos”. En definitiva, el propósito de esta obra colectiva, y al que se han atenido escrupulosamente todos los participantes en la misma, es ir a lo esencial y dejar al margen lo contingente. Esto supone, evidentemente, dar prioridad (absoluta) a lo público e institucional y, dentro de esta esfera, seleccionar aquellos campos concretos en los que haya “acreditadas contribuciones” de la figura que aquí “se erige como protagonista”, es decir, el Rey.
En este sentido, la organización del libro, el criterio de selección de parcelas relevantes, los asuntos concretos que se tratan y hasta la elección de los especialistas –todos ellos figuras relevantes en sus campos específicos- deja poco margen a un disentimiento razonado. Es verdad que no debe buscarse en estas páginas un tratamiento sistemático ni se pretende por otro lado competir con los relativamente numerosos volúmenes que se proponen ofrecer una semblanza biográfica de don Juan Carlos. Aquí no hay biografía propiamente dicha, aunque algunos artículos –por ejemplo, los de Juan Francisco Fuentes y Fernando Puell- contienen distintos apuntes de la vida del monarca que ambos historiadores consideran pertinentes para entender sus decisiones. También, por otro lado, la complementariedad de perspectivas que explícitamente se busca da al volumen un tono satisfactorio de homogeneidad, aunque no evita el inconveniente de las reiteraciones y solapamientos.
Los ocho capítulos que integran el volumen –aparte de los ya aludidos prólogo y epílogo- hacen un recorrido bastante consecuente con los objetivos generales antedichos. En el primero de ellos, el profesor Fuentes traza en magníficas pinceladas impresionistas el retrato de una generación: los hombres que no vivieron la guerra civil –los nacidos entre 1932 y 1942 y, entre ellos, muy particularmente, el Rey, Suárez y Felipe González- concibieron la transición como “proyecto generacional”, o sea, como una oportunidad crucial para el país y para ellos mismos como artífices de un proceso histórico de transformación de un régimen dictatorial en una democracia moderna. Le sigue (capítulo segundo) la contribución de Santos Juliá, que resulta ser -de entre todas- la de más acentuado carácter historiográfico en el sentido convencional, hasta el punto de que la figura de don Juan Carlos aparece solo como culminación exitosa de un tortuoso proceso histórico (por decirlo brevemente, los encuentros y desencuentros de la Corona y la democracia en el último siglo y medio). Para que se hagan una idea de lo que quiero decir, baste señalar que el protagonista de este capítulo es mucho más don Juan de Borbón que el propio Juan Carlos I.
Francesc de Carreras aborda a continuación los aspectos jurídicos de la transición, las claves de la monarquía parlamentaria y el estatus de la Corona. Puell de la Villa, que se ocupa de la faceta militar, resalta con toda la razón que la formación castrense del Rey resultó determinante “para que, en 1975, las Fuerzas Armadas respaldasen sin fisuras el inicio de aquel incierto reinado y también para que, cuando las aguas se tornaron turbulentas” el Monarca pudiera “sofocar cuantos intentos se urdieron para interrumpir el proceso” (p. 117). Incluyendo, por supuesto, la intentona más grave de todas, la del 23 de febrero de 1981 (p. 136). Charles Powell hace una excelente síntesis de la actividad internacional del Rey, distinguiendo tres grandes fases (los inicios, hasta el primer gobierno de Felipe González; las dos décadas finales del XX, con el cénit entre 1991 y 1992; y el lento declive desde comienzos del siglo XXI) y aportando algún que otro dato que ha resultado escandaloso para algunos medios, como el supuesto ofrecimiento real al embajador estadounidense de “estudiar la entrega de Melilla a Marruecos” (p. 174).
El capítulo cinco lo firma José-Carlos Mainer con unas cautelas iniciales que, sin embargo, como era previsible, desembocan luego en un tributo asimilable a los anteriores: “El legado cultural de la España de 1975-2014 es la consecuencia de una vigorosa autoafirmación de todo un país” (…) Y debe reconocerse el esfuerzo del Rey por encarnar una idea de la sociedad española de la que supo asumir con naturalidad la huella de un nacionalismo cívico, liberal e integrador” (pp. 221-222). En el siguiente, Victoria Camps destaca que la monarquía “dejó pronto de ser ese mal necesario” que implicaba la transición “para convertirse en un factor esencialmente conciliador” (p. 235). Y, en fin, lo más significativo de la contribución de Javier Gomá en el capítulo octavo puede ser resumido mediante dos acuñaciones suyas: la “variante española” del proceso de modernización fue… “tarde pero bien”. El Rey asumió “en este empeño colectivo un protagonismo incuestionable contribuyendo de forma determinante a su éxito” (pp. 242, 248, 255).
El cuadro resultante es sin duda el resultado de una hábil y certera utilización de las técnicas y aptitudes de los autores. Aunque hay capítulos muy aceptables y otros que parecen hechos con simple pericia –como si algún autor pusiera, dado su oficio, el piloto automático- debe admitirse que el conjunto raya a buen nivel y se lee con interés sostenido, aunque su misma homogeneidad -como ahora voy a señalar- termina por jugar en su contra, como esas novelas negras que se leen bien pero sabiendo desde la mitad quién es el asesino. Para huir de alusiones que se juzguen frívolas, lo diré de otra manera. En mi opinión, el retrato es fidedigno, porque en estas páginas se da cabida a muchas facetas de lo que fue aquella España entre 1975 y 2014. Todo lo que está aquí es verdad... Pero no es toda la verdad. Como decía al principio, toda vida –personal o de una institución- tiene luces y sombras. Un balance que se repute equilibrado debe por fuerza, como sucede en cualquier contabilidad, señalar el debe y el haber. Los autores pueden alegar en su mayor parte que no silencian los puntos oscuros. Pero lo hacen con tantas precauciones, con tanta sordina, que casi parecen pedir perdón por la mera mención.
Esto no tiene nada que ver con el resultado del balance. Ya he señalado –y repito ahora, por si hace falta- que también suscribo el unánime dictamen: el reinado de Juan Carlos I ha constituido una etapa excepcionalmente positiva en la trayectoria del país. Probablemente es injusto que las últimas actuaciones del Monarca –casi todas ellas de naturaleza estrictamente privada- le hayan pasado tan alta factura en la consideración pública y hayan manchado una ejecutoria tan brillante. Pero, nos guste más o menos, así ha sido. Como es sabido, la distinción entre “vicios privados” y “públicas virtudes” es un tema clásico de la ética política. El monarca, por su condición tan particular, está más sujeto al escrutinio público que el gobernante elegido. En su capítulo, Francesc de Carreras sostiene –manteniéndose en un plano teórico- que en una sociedad avanzada “la perpetuación de una monarquía depende, en gran medida, de la auctoritas del Rey y de la familia real”. La fuente de esta auctoritas es “la aceptación popular”, el crédito que “le otorguen al Rey los ciudadanos para el cumplimiento de sus funciones. El comportamiento personal del Rey o Reina –y del resto de los miembros de la familia real- en el desempeño de sus tareas así como la ejemplaridad de sus vidas privadas (…) serán piezas fundamentales de las que dependerá que la Monarquía” subsista (p. 113). Si aplicamos esas consideraciones generales a la arena política concreta de los años 2010-2014, grosso modo, se pueden entender muchas cosas que aquí, en este libro, no se citan o, en el mejor de los casos, se mencionan de pasada.
Hay otra cuestión que no puedo dejar de lado, ya para finalizar. Independientemente de su figura, su talante, su carácter y sus actos concretos, Juan Carlos I y su reinado son indisociables de la transición. De hecho, una gran parte de la valoración positiva de él -como persona y como Rey- y de sus años en la jefatura del Estado provienen precisamente del protagonismo que se le reconoce en el tránsito pacífico y ordenado de la dictadura franquista a la democracia. Y en la defensa de esta cuando se vio amenazada por poderosas fuerzas involucionistas. Los autores del libro enjuician superlativamente al Rey -no sólo, pero sí en gran medida- porque aprecian el modo en que se hizo el cambio político. Para la mayor parte de ellos la transición formó parte de sus vidas. Pero hoy día se percibe en la sociedad y en la vida pública española una clara ruptura generacional.
Los nietos políticos de la transición –quienes nacieron ya en democracia o eran muy niños en los estertores del franquismo- impugnan el proceso: la transición como apaño, fraude, pacto de silencio o incluso traición. Si le dimos tanta importancia a la ruptura generacional que posibilitó aquella transformación política, según analizaba Juan Francisco Fuentes, tendríamos que otorgársela también a esta otra fisura en sentido inverso. Esa crítica supone por tanto una enmienda a la totalidad a la forma de Estado. Desde esos presupuestos políticos, la valoración de Juan Carlos I cae por la propia base, nunca mejor dicho. Para estos sectores, ya no se trata tanto de juzgar severamente sus actos concretos –y enfatizar sus posibles errores o sus avatares privados- sino de combatir a la propia institución. Una parte creciente de los españoles -sobre todo los más jóvenes- y no pocos sectores políticos alternativos, radicales, nacionalistas y populistas, propugnan la opción republicana. No podemos –o no debemos- mirar hacia otro lado. Creo sinceramente que el libro que nos ha ocupado hubiera cumplido más eficazmente sus objetivos explícitos incorporando algunas miradas más críticas o simplemente reconociendo –aunque solo fuera para combatirlos mejor- el desapego o incluso la desafección hacia la Corona que están ganando terreno en el seno de la sociedad española.
José Luis García Delgado (ed.): Rey de la democracia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017. 296 pp.
Publicado en Revista de Libros, 6-11-2017.
http://www.revistadelibros.com/resenas/rey-de-la-democracia-garcia-delgado
“Luces y sombras” es una expresión clásica a la hora de establecer un balance que se pretenda equilibrado de un determinado período histórico, la trayectoria de un personaje, el desarrollo de un proceso o la ejecutoria de una institución. Esto reza también para los treinta y nueve años del reinado de Juan Carlos I (1975-2014), protagonista de una iniciativa política excepcional y símbolo eminente del tránsito entre un régimen dictatorial y un sistema democrático.
La abdicación se ha producido en una fecha que está todavía muy cercana a nosotros. Por otro lado, el Rey, si se me permite la adaptación de la expresión tradicional, “ha muerto” –en términos políticos e institucionales- pero el hombre sigue vivo. Todo ello nos obligaría como historiadores, no como cronistas de la actualidad, a mantener ciertas cautelas. Se ha publicado muchísimo sobre la transición, pero aún queda bastante por saber e investigar de esta reciente fase de nuestro país, sobre todo en el ámbito de la “historia menuda” (que en ocasiones no lo es tanto). El propio sujeto físico, como queda dicho, puede tener todavía un considerable trecho vital y, aunque ahora en segundo plano, su condición de ex Rey o Rey emérito le permite jugar un influyente y nada desdeñable papel representativo o de prestigio. No arriesgo nada, por tanto, al asegurar que, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, de aquí a los próximos años saldrán a la luz múltiples documentos y se conocerán algunos pormenores que, a buen seguro, cambiarán en algunos aspectos nuestra percepción de los acontecimientos.
Ahora bien, una vez dicho eso, habría que alegar en sentido opuesto dos reconocimientos que me parecen tan incuestionables o más que los anteriores. El primero cae por su propio peso: la abdicación del Rey cierra indudablemente un ciclo. La tentación de acometer un inventario de todo lo ocurrido en esas casi cuatro décadas es casi irreprimible y es normal que en los tiempos de aceleración histórica que vivimos, nadie o casi nadie pueda resistirse. Ni los historiadores ni las editoriales, que en último término satisfacen las demandas de un público que exige este tipo de cuentas. El segundo reconocimiento añade simplemente un matiz, al tiempo que me permite entrar ya en el meollo de la cuestión. Ningún período del pasado –y mucho menos los más cercanos a nosotros- está definitivamente establecido para los historiadores, es decir, queda como campo yermo, clausurado para siempre. Por el contrario, el pasado cambia y cabe incluso subrayar que cambia constantemente, en función de la perspectiva desde la que lo contemplamos. No estoy hablando, como antes, del surgimiento de nuevos datos sino simplemente de la irrupción de nuevas miradas que alterarán con absoluta certeza –lo están haciendo ya- la consideración de este pasado reciente. Difícilmente puede negarse que la propia situación política actual, marcada por la incertidumbre secesionista y la irrupción de nuevos partidos radicales, hace inevitable una reflexión sobre la trayectoria recorrida, al compás de los cambios experimentados por el análisis, comprensión y aprecio de la España de Juan Carlos I.
La obra que aquí se reseña acusa un claro perfil generacional, marcado por la satisfacción por el camino recorrido y el modo de haberlo llevado a cabo: en suma, la tesis de que el reinado de Juan Carlos I constituye no solo un momento francamente positivo en la historia española sino que, mirado con perspectiva histórica, resulta ser por contraste con un pasado sombrío, un período excepcionalmente fructífero en todos los órdenes. Y que debemos tomar nota de todo ello para hacer frente a las dificultades de los tiempos que corren. El que firma estas líneas se adscribe sin reservas o duda alguna a los presupuestos, argumentaciones y líneas de análisis que desarrollan los autores que participan en este volumen colectivo. Es difícil no estar de acuerdo con Mario Vargas Llosa, que cierra el volumen con un epílogo encomiástico, cuando afirma que los años del reinado de Juan Carlos I, han sido “los más libres, democráticos y prósperos de la larga historia de España”. Es cierto, entre otras cosas, porque la historia de España no abunda en teoría y práctica –al menos continuada- de libertades, democracia y prosperidad. Algunos menos estarán de acuerdo en la apreciación de que esos bienes se deben “en gran parte a su tino y astucia”. Sin negar estas cualidades, no son pocos hoy en día los que las relativizan o prefieren resaltar otros factores menos personalistas. Y aumentarán sin duda las defecciones o, al menos, las matizaciones circunspectas, al leer la catarata de elogios que el escritor hispano-peruano adjudica al monarca: “su destreza política, simpatía, talante y cercanía con la gente común” han logrado “recobrar para la Monarquía española un apoyo popular entusiasta”, que se prolonga incluso en los tiempos que corren, en los que el Rey “ha recibido múltiples manifestaciones de cariño en todas sus presentaciones públicas y muy pocos ataques y diatribas” (pp. 265-266).
No hace falta ser un furibundo antimonárquico para alegar por lo pronto -o por lo menos- que no es precisamente eso lo que dicen las encuestas de opinión pública en España acerca de la popularidad de la Monarquía y en concreto de la figura de don Juan Carlos en los últimos tiempos. No es una cuestión menor porque a cualquiera se le alcanza que, de haberse mantenido la aceptación que en efecto tuvo en un momento dado Juan Carlos I, no se hubiera producido la abdicación. En última instancia bien puede decirse que fue el propio Rey el que reconoció meses antes la gravedad de la situación cuando, aún convaleciente del sonado accidente de Botsuana, hizo aquellas sorprendentes declaraciones desde el propio hospital: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Todo lo que vino después, incluyendo naturalmente la propia decisión de abdicar, no fueron más que las consecuencias inevitables de ese deterioro (justo o injusto: de eso hablamos luego) de la imagen de la Corona en la opinión pública española. La no invitación a don Juan Carlos en la reciente conmemoración del cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) es un síntoma significativo –e incuestionablemente chocante- de cómo están las cosas…
Seamos sinceros y cojamos el toro por los cuernos. Un libro de las características del que estamos hablando surge en un contexto muy determinado que sería hipócrita ignorar o encubrir. En este sentido, por tanto, tengo que hacer constar que me parece más adecuada la declaración de principios –un poco renqueante, todo hay que decirlo- que efectúa en las páginas iniciales el editor, José Luis García Delgado (pp. 11-13). Una declaración –adelanto ya- que explica también tanto el sentido de este libro como la idoneidad del momento concreto en que aparece. Lo que en el fondo se sostiene en dicho prólogo es que no están los tiempos para aparatosas celebraciones ni, mucho menos, para alharacas palaciegas, pues la crisis ha dejado profunda mella en la sociedad española y aguda sensibilidad en la opinión pública. García Delgado se expresa de manera cauta y circunspecta, sin entrar en detalles incómodos, aludiendo tan solo a la “severidad de la crisis que enmarca el final del reinado y las circunstancias que lo rodearon”.
Las “circunstancias” están en la mente de todos y, de hecho, alguno de los colaboradores del libro, como Charles Powell, alude con nombres propios (Urdangarín, Botsuana) a las contingencias del fin del reinado (p. 191). Volviendo a las palabras del editor y prologuista, García Delgado argumenta que estos últimos eventos han dejado en la vida política española y en la opinión pública un sedimento agrio que es inútil negar. De ahí precisamente “una doble percepción” que explica la necesidad de un libro como este: primero, que las grandes aportaciones del monarca a lo largo de casi cuatro décadas “han sido relegadas, cuando no desdibujadas, por el paso de los años”; y segundo, estrechamente vinculado con lo anterior, “que al enjuiciar el papel histórico del hoy Rey emérito acabe pesando más lo anecdótico que lo fundamental, lo menor que lo mayor, o lo privado frente a lo público”. A buen entendedor…
Dejando de lado los matices formales, no podemos estar más de acuerdo con las premisas enunciadas. Y es completamente congruente ese planteamiento con el tono general del libro, un “producto académico” pero también un acto o “impulso cívico” de reconocimiento y gratitud a la figura del Monarca, como explícitamente señala Francesc de Carreras (p. 80). Tanto es así que, volviendo una vez más al prologuista, se vincula el plano del conocimiento en el que esta obra se sitúa con una inyección de moral ciudadana y hasta de impulso patriótico: “conocer mejor un pasado que puede alimentar nuestra autoestima para mejor ganar el tiempo que viene” (p. 12). Un ideal de ciudadanía ilustrada que está especialmente presente en el espíritu del artículo que firma Victoria Camps, no casualmente titulado “De súbditos a ciudadanos”. En definitiva, el propósito de esta obra colectiva, y al que se han atenido escrupulosamente todos los participantes en la misma, es ir a lo esencial y dejar al margen lo contingente. Esto supone, evidentemente, dar prioridad (absoluta) a lo público e institucional y, dentro de esta esfera, seleccionar aquellos campos concretos en los que haya “acreditadas contribuciones” de la figura que aquí “se erige como protagonista”, es decir, el Rey.
En este sentido, la organización del libro, el criterio de selección de parcelas relevantes, los asuntos concretos que se tratan y hasta la elección de los especialistas –todos ellos figuras relevantes en sus campos específicos- deja poco margen a un disentimiento razonado. Es verdad que no debe buscarse en estas páginas un tratamiento sistemático ni se pretende por otro lado competir con los relativamente numerosos volúmenes que se proponen ofrecer una semblanza biográfica de don Juan Carlos. Aquí no hay biografía propiamente dicha, aunque algunos artículos –por ejemplo, los de Juan Francisco Fuentes y Fernando Puell- contienen distintos apuntes de la vida del monarca que ambos historiadores consideran pertinentes para entender sus decisiones. También, por otro lado, la complementariedad de perspectivas que explícitamente se busca da al volumen un tono satisfactorio de homogeneidad, aunque no evita el inconveniente de las reiteraciones y solapamientos.
Los ocho capítulos que integran el volumen –aparte de los ya aludidos prólogo y epílogo- hacen un recorrido bastante consecuente con los objetivos generales antedichos. En el primero de ellos, el profesor Fuentes traza en magníficas pinceladas impresionistas el retrato de una generación: los hombres que no vivieron la guerra civil –los nacidos entre 1932 y 1942 y, entre ellos, muy particularmente, el Rey, Suárez y Felipe González- concibieron la transición como “proyecto generacional”, o sea, como una oportunidad crucial para el país y para ellos mismos como artífices de un proceso histórico de transformación de un régimen dictatorial en una democracia moderna. Le sigue (capítulo segundo) la contribución de Santos Juliá, que resulta ser -de entre todas- la de más acentuado carácter historiográfico en el sentido convencional, hasta el punto de que la figura de don Juan Carlos aparece solo como culminación exitosa de un tortuoso proceso histórico (por decirlo brevemente, los encuentros y desencuentros de la Corona y la democracia en el último siglo y medio). Para que se hagan una idea de lo que quiero decir, baste señalar que el protagonista de este capítulo es mucho más don Juan de Borbón que el propio Juan Carlos I.
Francesc de Carreras aborda a continuación los aspectos jurídicos de la transición, las claves de la monarquía parlamentaria y el estatus de la Corona. Puell de la Villa, que se ocupa de la faceta militar, resalta con toda la razón que la formación castrense del Rey resultó determinante “para que, en 1975, las Fuerzas Armadas respaldasen sin fisuras el inicio de aquel incierto reinado y también para que, cuando las aguas se tornaron turbulentas” el Monarca pudiera “sofocar cuantos intentos se urdieron para interrumpir el proceso” (p. 117). Incluyendo, por supuesto, la intentona más grave de todas, la del 23 de febrero de 1981 (p. 136). Charles Powell hace una excelente síntesis de la actividad internacional del Rey, distinguiendo tres grandes fases (los inicios, hasta el primer gobierno de Felipe González; las dos décadas finales del XX, con el cénit entre 1991 y 1992; y el lento declive desde comienzos del siglo XXI) y aportando algún que otro dato que ha resultado escandaloso para algunos medios, como el supuesto ofrecimiento real al embajador estadounidense de “estudiar la entrega de Melilla a Marruecos” (p. 174).
El capítulo cinco lo firma José-Carlos Mainer con unas cautelas iniciales que, sin embargo, como era previsible, desembocan luego en un tributo asimilable a los anteriores: “El legado cultural de la España de 1975-2014 es la consecuencia de una vigorosa autoafirmación de todo un país” (…) Y debe reconocerse el esfuerzo del Rey por encarnar una idea de la sociedad española de la que supo asumir con naturalidad la huella de un nacionalismo cívico, liberal e integrador” (pp. 221-222). En el siguiente, Victoria Camps destaca que la monarquía “dejó pronto de ser ese mal necesario” que implicaba la transición “para convertirse en un factor esencialmente conciliador” (p. 235). Y, en fin, lo más significativo de la contribución de Javier Gomá en el capítulo octavo puede ser resumido mediante dos acuñaciones suyas: la “variante española” del proceso de modernización fue… “tarde pero bien”. El Rey asumió “en este empeño colectivo un protagonismo incuestionable contribuyendo de forma determinante a su éxito” (pp. 242, 248, 255).
El cuadro resultante es sin duda el resultado de una hábil y certera utilización de las técnicas y aptitudes de los autores. Aunque hay capítulos muy aceptables y otros que parecen hechos con simple pericia –como si algún autor pusiera, dado su oficio, el piloto automático- debe admitirse que el conjunto raya a buen nivel y se lee con interés sostenido, aunque su misma homogeneidad -como ahora voy a señalar- termina por jugar en su contra, como esas novelas negras que se leen bien pero sabiendo desde la mitad quién es el asesino. Para huir de alusiones que se juzguen frívolas, lo diré de otra manera. En mi opinión, el retrato es fidedigno, porque en estas páginas se da cabida a muchas facetas de lo que fue aquella España entre 1975 y 2014. Todo lo que está aquí es verdad... Pero no es toda la verdad. Como decía al principio, toda vida –personal o de una institución- tiene luces y sombras. Un balance que se repute equilibrado debe por fuerza, como sucede en cualquier contabilidad, señalar el debe y el haber. Los autores pueden alegar en su mayor parte que no silencian los puntos oscuros. Pero lo hacen con tantas precauciones, con tanta sordina, que casi parecen pedir perdón por la mera mención.
Esto no tiene nada que ver con el resultado del balance. Ya he señalado –y repito ahora, por si hace falta- que también suscribo el unánime dictamen: el reinado de Juan Carlos I ha constituido una etapa excepcionalmente positiva en la trayectoria del país. Probablemente es injusto que las últimas actuaciones del Monarca –casi todas ellas de naturaleza estrictamente privada- le hayan pasado tan alta factura en la consideración pública y hayan manchado una ejecutoria tan brillante. Pero, nos guste más o menos, así ha sido. Como es sabido, la distinción entre “vicios privados” y “públicas virtudes” es un tema clásico de la ética política. El monarca, por su condición tan particular, está más sujeto al escrutinio público que el gobernante elegido. En su capítulo, Francesc de Carreras sostiene –manteniéndose en un plano teórico- que en una sociedad avanzada “la perpetuación de una monarquía depende, en gran medida, de la auctoritas del Rey y de la familia real”. La fuente de esta auctoritas es “la aceptación popular”, el crédito que “le otorguen al Rey los ciudadanos para el cumplimiento de sus funciones. El comportamiento personal del Rey o Reina –y del resto de los miembros de la familia real- en el desempeño de sus tareas así como la ejemplaridad de sus vidas privadas (…) serán piezas fundamentales de las que dependerá que la Monarquía” subsista (p. 113). Si aplicamos esas consideraciones generales a la arena política concreta de los años 2010-2014, grosso modo, se pueden entender muchas cosas que aquí, en este libro, no se citan o, en el mejor de los casos, se mencionan de pasada.
Hay otra cuestión que no puedo dejar de lado, ya para finalizar. Independientemente de su figura, su talante, su carácter y sus actos concretos, Juan Carlos I y su reinado son indisociables de la transición. De hecho, una gran parte de la valoración positiva de él -como persona y como Rey- y de sus años en la jefatura del Estado provienen precisamente del protagonismo que se le reconoce en el tránsito pacífico y ordenado de la dictadura franquista a la democracia. Y en la defensa de esta cuando se vio amenazada por poderosas fuerzas involucionistas. Los autores del libro enjuician superlativamente al Rey -no sólo, pero sí en gran medida- porque aprecian el modo en que se hizo el cambio político. Para la mayor parte de ellos la transición formó parte de sus vidas. Pero hoy día se percibe en la sociedad y en la vida pública española una clara ruptura generacional.
Los nietos políticos de la transición –quienes nacieron ya en democracia o eran muy niños en los estertores del franquismo- impugnan el proceso: la transición como apaño, fraude, pacto de silencio o incluso traición. Si le dimos tanta importancia a la ruptura generacional que posibilitó aquella transformación política, según analizaba Juan Francisco Fuentes, tendríamos que otorgársela también a esta otra fisura en sentido inverso. Esa crítica supone por tanto una enmienda a la totalidad a la forma de Estado. Desde esos presupuestos políticos, la valoración de Juan Carlos I cae por la propia base, nunca mejor dicho. Para estos sectores, ya no se trata tanto de juzgar severamente sus actos concretos –y enfatizar sus posibles errores o sus avatares privados- sino de combatir a la propia institución. Una parte creciente de los españoles -sobre todo los más jóvenes- y no pocos sectores políticos alternativos, radicales, nacionalistas y populistas, propugnan la opción republicana. No podemos –o no debemos- mirar hacia otro lado. Creo sinceramente que el libro que nos ha ocupado hubiera cumplido más eficazmente sus objetivos explícitos incorporando algunas miradas más críticas o simplemente reconociendo –aunque solo fuera para combatirlos mejor- el desapego o incluso la desafección hacia la Corona que están ganando terreno en el seno de la sociedad española.
Sobre la transición
Transición. Historia de una política española (1937-2017). Santos Juliá. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017. 651 pp.
Publicado en El Cultural, 8-12-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/Transicion-Historia-de-una-politica-espanola-1937-2017/40378
Lo primero que sorprenderá al lector atento en este nuevo libro de Santos Juliá (Ferrol, 1940) son las fechas que acompañan en el subtítulo explicativo al concepto medular de Transición. Acostumbrados a una delimitación cronológica escueta (1976-1978, según el criterio más extendido), la amplitud de las fechas aquí consideradas (¡nada menos que desde 1937 hasta hoy mismo!) sorprenderá y hasta desconcertará a cualquiera. ¿Qué pretende decirnos el reputado historiador, que la transición ha durado ochenta años?
No se trata de eso. Juliá nos propone un amplio recorrido, no de tipo especulativo –formas y modos de transición-, sino de índole política empírica, la transición como alternativa concreta de las fuerzas políticas españolas desde la guerra civil. La indicación es más importante de lo que pueda en principio parecer porque, como el autor advierte desde el preludio, este libro no es exactamente un ensayo de interpretación ni una sociología de la transición ni un fresco cultural del período, sino algo claramente diferenciado de todo ello, la reconstrucción de la historia política de una propuesta y un largo proceso.
La tercera advertencia importante es que Juliá ha hecho un esfuerzo sostenido por atenerse literalmente a los documentos de cada una de las fases que aborda. Siempre que puede deja que hablen los propios textos tal y como fueron redactados en su momento, atendiendo a todos sus matices. Es verdad que esa determinación convierte en farragosos algunos pasajes de las más de seiscientas densas páginas del libro, pero no es menos cierto que al final el interesado o el especialista agradecen ese retorno a las voces originales en vez del habitual refrito adobado con valoraciones particulares.
A pesar de que no resulte evidente en la estructura formal de la obra, el libro tiene dos partes diferenciadas: los primeros siete capítulos, la mitad del conjunto, abarcan las casi cuatro décadas del franquismo. Quizá resulten las más difíciles o incómodas para el lector común, pues se detienen con meticulosidad en los distintos planes de la oposición democrática para superar el trauma de la guerra. Podemos seguir así los sucesivos encuentros y desencuentros de monárquicos y socialistas desde el pacto de San Juan de Luz (1948), las aproximaciones de exiliados y opositores del interior (Munich, 1962), así como las modulaciones comunistas hasta culminar en la fórmula de “reconciliación nacional” (desde 1956).
Los seis capítulos restantes se ocupan de los hechos más próximos a nosotros, o sea, lo que usualmente conocemos como peripecias de la transición y los problemas políticos surgidos en las últimas décadas. Al igual que en páginas anteriores, Juliá ha optado aquí por una fórmula que respeta el orden cronológico pero que en el fondo da primacía a la ordenación temática. Ello se percibe, más nítidamente aún que en las páginas anteriores, en los capítulos que dedica a la transición propiamente dicha.
En el titulado “Libertad” trata de aquel experimento político que no fue a la postre “ni reforma ni ruptura”. En “Amnistía”, quizá uno de los capítulos más impactantes, Juliá demuestra que la transición fue muy generosa con los terroristas –con ETA en particular- sin recibir contrapartidas no ya de quienes empuñaban las armas sino tampoco de nacionalistas ni intelectuales en general. En “Y estatutos de autonomía” analiza las sinuosas negociaciones que dieron como fruto los diversos gobiernos autonómicos, sin que la satisfacción por lo conseguido lograra desplazar una extendida sensación de desencanto. Este último concepto le sirve para rotular el siguiente capítulo, dedicado al ambiente político que rodeó el ascenso y caída de Adolfo Suárez.
Las dos últimas partes de la obra se ocupan de los avatares políticos de las tres últimas décadas. En este caso tanto el análisis como la reflexión de Juliá pivotan sobre dos ejes fundamentales, la cuestión de la memoria histórica y la crisis de la articulación territorial. Por lo que respecta a la primera, el autor, un consumado experto en la materia, disecciona cómo, cuándo y por qué el uso del pasado se convirtió en un momento dado en un arma política al servicio de intereses oportunistas o espurios. En cuanto a la deriva centrífuga de las autonomías, Juliá se centra en las demandas insaciables de los nacionalismos y la convergencia de estos –en particular el catalán- con un populismo antisistema (el fenómeno de Podemos y sus confluencias) hasta desembocar en la crisis actual.
Publicado en El Cultural, 8-12-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/Transicion-Historia-de-una-politica-espanola-1937-2017/40378
Lo primero que sorprenderá al lector atento en este nuevo libro de Santos Juliá (Ferrol, 1940) son las fechas que acompañan en el subtítulo explicativo al concepto medular de Transición. Acostumbrados a una delimitación cronológica escueta (1976-1978, según el criterio más extendido), la amplitud de las fechas aquí consideradas (¡nada menos que desde 1937 hasta hoy mismo!) sorprenderá y hasta desconcertará a cualquiera. ¿Qué pretende decirnos el reputado historiador, que la transición ha durado ochenta años?
No se trata de eso. Juliá nos propone un amplio recorrido, no de tipo especulativo –formas y modos de transición-, sino de índole política empírica, la transición como alternativa concreta de las fuerzas políticas españolas desde la guerra civil. La indicación es más importante de lo que pueda en principio parecer porque, como el autor advierte desde el preludio, este libro no es exactamente un ensayo de interpretación ni una sociología de la transición ni un fresco cultural del período, sino algo claramente diferenciado de todo ello, la reconstrucción de la historia política de una propuesta y un largo proceso.
La tercera advertencia importante es que Juliá ha hecho un esfuerzo sostenido por atenerse literalmente a los documentos de cada una de las fases que aborda. Siempre que puede deja que hablen los propios textos tal y como fueron redactados en su momento, atendiendo a todos sus matices. Es verdad que esa determinación convierte en farragosos algunos pasajes de las más de seiscientas densas páginas del libro, pero no es menos cierto que al final el interesado o el especialista agradecen ese retorno a las voces originales en vez del habitual refrito adobado con valoraciones particulares.
A pesar de que no resulte evidente en la estructura formal de la obra, el libro tiene dos partes diferenciadas: los primeros siete capítulos, la mitad del conjunto, abarcan las casi cuatro décadas del franquismo. Quizá resulten las más difíciles o incómodas para el lector común, pues se detienen con meticulosidad en los distintos planes de la oposición democrática para superar el trauma de la guerra. Podemos seguir así los sucesivos encuentros y desencuentros de monárquicos y socialistas desde el pacto de San Juan de Luz (1948), las aproximaciones de exiliados y opositores del interior (Munich, 1962), así como las modulaciones comunistas hasta culminar en la fórmula de “reconciliación nacional” (desde 1956).
Los seis capítulos restantes se ocupan de los hechos más próximos a nosotros, o sea, lo que usualmente conocemos como peripecias de la transición y los problemas políticos surgidos en las últimas décadas. Al igual que en páginas anteriores, Juliá ha optado aquí por una fórmula que respeta el orden cronológico pero que en el fondo da primacía a la ordenación temática. Ello se percibe, más nítidamente aún que en las páginas anteriores, en los capítulos que dedica a la transición propiamente dicha.
En el titulado “Libertad” trata de aquel experimento político que no fue a la postre “ni reforma ni ruptura”. En “Amnistía”, quizá uno de los capítulos más impactantes, Juliá demuestra que la transición fue muy generosa con los terroristas –con ETA en particular- sin recibir contrapartidas no ya de quienes empuñaban las armas sino tampoco de nacionalistas ni intelectuales en general. En “Y estatutos de autonomía” analiza las sinuosas negociaciones que dieron como fruto los diversos gobiernos autonómicos, sin que la satisfacción por lo conseguido lograra desplazar una extendida sensación de desencanto. Este último concepto le sirve para rotular el siguiente capítulo, dedicado al ambiente político que rodeó el ascenso y caída de Adolfo Suárez.
Las dos últimas partes de la obra se ocupan de los avatares políticos de las tres últimas décadas. En este caso tanto el análisis como la reflexión de Juliá pivotan sobre dos ejes fundamentales, la cuestión de la memoria histórica y la crisis de la articulación territorial. Por lo que respecta a la primera, el autor, un consumado experto en la materia, disecciona cómo, cuándo y por qué el uso del pasado se convirtió en un momento dado en un arma política al servicio de intereses oportunistas o espurios. En cuanto a la deriva centrífuga de las autonomías, Juliá se centra en las demandas insaciables de los nacionalismos y la convergencia de estos –en particular el catalán- con un populismo antisistema (el fenómeno de Podemos y sus confluencias) hasta desembocar en la crisis actual.
Defensa de España
En defensa de España. Desmontando mitos y leyendas negras. Stanley G. Payne. Espasa, Madrid, 2017. 311 pp. 19,90 €
Publicado en El Cultural, 24-11-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/En-defensa-de-Espana-Desmontando-mitos-y-leyendas-negras/40317
Este es un libro que nos resulta difícil imaginar que saliera de la pluma de un típico historiador español. Solo lo podemos concebir como obra de un hispanista, esto es, un enamorado de España. Los españoles, con esa pulsión tan cainita y autodestructiva, que no está en nuestro ADN sino en nuestro sustrato histórico-cultural, difícilmente escribiríamos una sinopsis de la trayectoria de nuestro país con un título tan desenvuelto como En defensa de España y un subtítulo tan poco acomplejado como Desmontando mitos y leyendas negras. Más aún, las primeras frases de la primera página describen una historia y un país de “singular riqueza” hasta el punto de que, si usamos términos comparativos, ningún otro “tiene una historia tan rica en sus imágenes ni tan abundante en conceptos, mitos y leyendas”.
¿Estamos ante el viejo enfoque de la excepcionalidad hispana, para lo bueno o para lo malo? ¡En absoluto! Payne deja bien claro desde el comienzo que buena parte de las acuñaciones internas y externas sobre España “son tópicos esencialmente falsos” pero hay otros muchos rasgos, “procesos o logros históricos enormemente complejos” que suponen un reto para la comprensión del historiador. Para el autor, la obligación de este es despojarse de prejuicios en la medida de lo posible, tarea nada fácil cuando la “envidia y desconocimiento” enturbian desde hace siglos la comprensión cabal del país y sus habitantes. A una feroz leyenda negra le sucede el desprecio ilustrado para desembocar en la ambivalente y longeva estampa romántica que reverdece luego en la mitología de la guerra civil y que el franquismo alimentará pro domo sua (la diferencia española).
Los estereotipos son tan poderosos y persistentes, subraya Payne con ironía, que en el ámbito inglés el epítome de la represión sigue siendo el Santo Oficio… “incluso después de haber pasado por el siglo de Auschwitz y del Gulag”. Algo de esto se le podía aplicar al propio autor, estigmatizado desde hace varios lustros en los ambientes progresistas por su interpretación del fracaso de la República, la guerra y el franquismo. El otrora venerado hispanista, autor de una ejemplar síntesis sobre el poder militar e innumerables obras sobre Falange y el fascismo en general, es ahora olímpicamente despreciado como ultraderechista confeso. Las acusaciones ad hominem y el tono bronco y faltón de nuestras controversias, incluso las pretendidamente científicas, delatan la ausencia en nuestros lares de una tradición de tolerancia y fair play.
Tanto es así que, a estas alturas todavía y aunque resulte cansino, resulta necesario explicitar que las estimaciones anteriores no implican, ni mucho menos, suscribir necesariamente las tesis de Payne. Pero tampoco dar por buenas las imputaciones y tergiversaciones sobre su persona y su obra. En concreto, este libro, ganador del premio Espasa de ensayo, no añade nada a la brillante obra investigadora de Payne por la sencilla razón de que es una breve y bastante elemental introducción a la historia de España. A pesar de que tiene notas a pie de página y una relación bibliográfica final, no es un libro dirigido a los historiadores o los especialistas sino al gran público.
El conjunto acusa un gran desequilibrio entre las diversas épocas. Tras una atractiva introducción sobre los “mitos y leyendas” de un “país exótico”, la historia antigua, media y moderna se despachan en los cinco capítulos iniciales. El siglo XIX y la primera parte del XX se abordan de modo sucinto en el capítulo 6. Todo lo que sigue (siete capítulos, más de la mitad del volumen) está dedicado al período que va de la Dictadura de Primo hasta la actualidad. Ni qué decir tiene que el lector encontrará en las páginas dedicadas a los hechos más conflictivos y controvertidos del siglo XX las valoraciones de Payne sobre la crisis republicana, la contienda civil y el franquismo que tanto aplauden unos como incomodan a otros. No es este el lugar más apropiado para mayores honduras, pues Payne traza las grandes líneas del devenir hispano atendiendo a lo fundamental, prescindiendo en general de matizaciones y polémicas eruditas. Estamos ante un libro que privilegia la escritura clara y didáctica y que se puede leer en una tarde. Aunque la historia académica y oficial suele despreciar este tipo de volúmenes y a quienes los hacen, se trata de una divulgación digna y necesaria en una sociedad como la que vivimos.
Publicado en El Cultural, 24-11-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/En-defensa-de-Espana-Desmontando-mitos-y-leyendas-negras/40317
Este es un libro que nos resulta difícil imaginar que saliera de la pluma de un típico historiador español. Solo lo podemos concebir como obra de un hispanista, esto es, un enamorado de España. Los españoles, con esa pulsión tan cainita y autodestructiva, que no está en nuestro ADN sino en nuestro sustrato histórico-cultural, difícilmente escribiríamos una sinopsis de la trayectoria de nuestro país con un título tan desenvuelto como En defensa de España y un subtítulo tan poco acomplejado como Desmontando mitos y leyendas negras. Más aún, las primeras frases de la primera página describen una historia y un país de “singular riqueza” hasta el punto de que, si usamos términos comparativos, ningún otro “tiene una historia tan rica en sus imágenes ni tan abundante en conceptos, mitos y leyendas”.
¿Estamos ante el viejo enfoque de la excepcionalidad hispana, para lo bueno o para lo malo? ¡En absoluto! Payne deja bien claro desde el comienzo que buena parte de las acuñaciones internas y externas sobre España “son tópicos esencialmente falsos” pero hay otros muchos rasgos, “procesos o logros históricos enormemente complejos” que suponen un reto para la comprensión del historiador. Para el autor, la obligación de este es despojarse de prejuicios en la medida de lo posible, tarea nada fácil cuando la “envidia y desconocimiento” enturbian desde hace siglos la comprensión cabal del país y sus habitantes. A una feroz leyenda negra le sucede el desprecio ilustrado para desembocar en la ambivalente y longeva estampa romántica que reverdece luego en la mitología de la guerra civil y que el franquismo alimentará pro domo sua (la diferencia española).
Los estereotipos son tan poderosos y persistentes, subraya Payne con ironía, que en el ámbito inglés el epítome de la represión sigue siendo el Santo Oficio… “incluso después de haber pasado por el siglo de Auschwitz y del Gulag”. Algo de esto se le podía aplicar al propio autor, estigmatizado desde hace varios lustros en los ambientes progresistas por su interpretación del fracaso de la República, la guerra y el franquismo. El otrora venerado hispanista, autor de una ejemplar síntesis sobre el poder militar e innumerables obras sobre Falange y el fascismo en general, es ahora olímpicamente despreciado como ultraderechista confeso. Las acusaciones ad hominem y el tono bronco y faltón de nuestras controversias, incluso las pretendidamente científicas, delatan la ausencia en nuestros lares de una tradición de tolerancia y fair play.
Tanto es así que, a estas alturas todavía y aunque resulte cansino, resulta necesario explicitar que las estimaciones anteriores no implican, ni mucho menos, suscribir necesariamente las tesis de Payne. Pero tampoco dar por buenas las imputaciones y tergiversaciones sobre su persona y su obra. En concreto, este libro, ganador del premio Espasa de ensayo, no añade nada a la brillante obra investigadora de Payne por la sencilla razón de que es una breve y bastante elemental introducción a la historia de España. A pesar de que tiene notas a pie de página y una relación bibliográfica final, no es un libro dirigido a los historiadores o los especialistas sino al gran público.
El conjunto acusa un gran desequilibrio entre las diversas épocas. Tras una atractiva introducción sobre los “mitos y leyendas” de un “país exótico”, la historia antigua, media y moderna se despachan en los cinco capítulos iniciales. El siglo XIX y la primera parte del XX se abordan de modo sucinto en el capítulo 6. Todo lo que sigue (siete capítulos, más de la mitad del volumen) está dedicado al período que va de la Dictadura de Primo hasta la actualidad. Ni qué decir tiene que el lector encontrará en las páginas dedicadas a los hechos más conflictivos y controvertidos del siglo XX las valoraciones de Payne sobre la crisis republicana, la contienda civil y el franquismo que tanto aplauden unos como incomodan a otros. No es este el lugar más apropiado para mayores honduras, pues Payne traza las grandes líneas del devenir hispano atendiendo a lo fundamental, prescindiendo en general de matizaciones y polémicas eruditas. Estamos ante un libro que privilegia la escritura clara y didáctica y que se puede leer en una tarde. Aunque la historia académica y oficial suele despreciar este tipo de volúmenes y a quienes los hacen, se trata de una divulgación digna y necesaria en una sociedad como la que vivimos.
Los niños de Rusia
Los niños de Rusia. La verdadera historia de una operación de retorno. Rafael Moreno Izquierdo. Crítica, Barcelona, 2017. 508 pp. 24,90 €
Publicado en El Cultural, 3-11-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/Los-ninos-de-Rusia-La-verdadera-historia-de-una-operacion-de-retorno/40234
La guerra civil es una mina inagotable, no ya solo por los hechos trascendentales que tuvieron lugar en un pequeño lapso histórico entre 1936 y 1939 sino por las consecuencias directas o indirectas que siguieron gravitando en las décadas sucesivas. Por otro lado, aunque complementariamente, cuando parece que pueden agotarse los enfoques más convencionales (políticos, militares, económicos, ideológicos), siempre queda el filón de los avatares humanos, a escala individual o en lo referente a pequeños colectivos que padecieron de modo específico aquella coyuntura dramática. De entre ellos, siempre ha concitado una peculiar atracción la peripecia de aquellos niños que fueron embarcados por sus familias con rumbo al extranjero con el objeto de salvarles la vida o, como mínimo, evitarles los sufrimientos que la guerra conllevaba. Tuvieron aquellas expediciones como destino diversos países pero, por motivos que no son necesarios explicitar aquí, fueron los pequeños embarcados hacia la Unión Soviética los que en mayor medida despertaron entonces y ahora el interés de propios y extraños. Hasta el punto de que la opinión pública acuñó una etiqueta que, aunque imprecisa, con el tiempo se haría insoslayable: los “niños de Rusia”.
Lo primero y principal que se debe advertir al potencial lector es que este libro, que lleva en su portada en letras bastante grandes el título de Los niños de Rusia no trata sin embargo en absoluto de la evacuación, la travesía, llegada ni estancia de aquellos pequeños en la URSS sino tan solo, como advierte un subtítulo mucho más diminuto pero más riguroso, de la operación de retorno, es decir, el proceso inverso, la repatriación. Un fenómeno al que, ciertamente, no se le ha prestado la atención debida. Porque, por más sorprendente que resulte, dada la polarización del mundo de posguerra y dada también la repugnancia recíproca entre los regímenes franquista y soviético, lo cierto fue que se establecieron unos mínimos cauces diplomáticos primero y unos recursos operativos después que posibilitaron el regreso de aquellos niños a su patria.
Aquellos niños, naturalmente, eran ya adultos, entre los 23 y 35 años. De ellos partió la iniciativa del retorno a mediados de los años cincuenta, cuando llevaban ya dos décadas en tierras soviéticas. Según un informe de la DGS española, fue el guipuzcoano José Asensio Orueta quien, a la muerte de Stalin, escribió una carta con esa solicitud a Nikolái Bulganin, a la sazón -septiembre de 1955- presidente del Gobierno, según detalla Moreno Izquierdo (pp. 51-52). La pretensión tenía que hacer frente a un triple desafío, pues significaba llegar a un acuerdo de mínimos entre tres instancias de poder con intereses divergentes, el gobierno de la URSS, el de España y el PCE que, por obvias razones propagandísticas, no tenía el más mínimo interés en la operación y que puso todos los obstáculos posibles para que no se llevara a término.
Tras un tira y afloja que en el libro se documenta con minuciosidad, entre los años 1956 y 1957 llegaron seis expediciones, es decir, seis barcos abarrotados, que atracaron en tierras españolas con compatriotas tan ilusionados como temerosos. Comprensible la ilusión, no menos explicable era el recelo que a unos y otros –los que venían y los que estaban aquí- les despertaba la presencia de unos compatriotas cuya adaptación e inserción se antojaban como mínimo problemáticas, fuese cual fuese el punto de vista que se adoptara. El libro comienza con ese tono esperanzado y anhelante –“El sueño cumplido” se titula el capítulo primero- haciéndose eco de las sensaciones escritas por uno de los retornados, Cecilio Aguirre Iturbe, que tendrá un gran protagonismo como informador del autor y al que está dedicado el libro. Pero luego, según se avanza, se comprueba que, como era previsible, la acomodación del colectivo a la realidad española fue bastante difícil. Y más si tenemos en cuenta que andaba la CIA por medio, con interrogatorios y sospechas que nunca llegaron totalmente a disiparse: ¿había agentes infiltrados? ¿Venían a integrase o a espiar? Pese a tantas dificultades, el autor establece en su prolija investigación unas cifras que hablan por sí solas: de los 2678 españoles que llegaron en las fechas citadas, no llegaron a quedarse según cifras oficiales 388, o sea, el 14,5% del total (p. 305).
Publicado en El Cultural, 3-11-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/Los-ninos-de-Rusia-La-verdadera-historia-de-una-operacion-de-retorno/40234
La guerra civil es una mina inagotable, no ya solo por los hechos trascendentales que tuvieron lugar en un pequeño lapso histórico entre 1936 y 1939 sino por las consecuencias directas o indirectas que siguieron gravitando en las décadas sucesivas. Por otro lado, aunque complementariamente, cuando parece que pueden agotarse los enfoques más convencionales (políticos, militares, económicos, ideológicos), siempre queda el filón de los avatares humanos, a escala individual o en lo referente a pequeños colectivos que padecieron de modo específico aquella coyuntura dramática. De entre ellos, siempre ha concitado una peculiar atracción la peripecia de aquellos niños que fueron embarcados por sus familias con rumbo al extranjero con el objeto de salvarles la vida o, como mínimo, evitarles los sufrimientos que la guerra conllevaba. Tuvieron aquellas expediciones como destino diversos países pero, por motivos que no son necesarios explicitar aquí, fueron los pequeños embarcados hacia la Unión Soviética los que en mayor medida despertaron entonces y ahora el interés de propios y extraños. Hasta el punto de que la opinión pública acuñó una etiqueta que, aunque imprecisa, con el tiempo se haría insoslayable: los “niños de Rusia”.
Lo primero y principal que se debe advertir al potencial lector es que este libro, que lleva en su portada en letras bastante grandes el título de Los niños de Rusia no trata sin embargo en absoluto de la evacuación, la travesía, llegada ni estancia de aquellos pequeños en la URSS sino tan solo, como advierte un subtítulo mucho más diminuto pero más riguroso, de la operación de retorno, es decir, el proceso inverso, la repatriación. Un fenómeno al que, ciertamente, no se le ha prestado la atención debida. Porque, por más sorprendente que resulte, dada la polarización del mundo de posguerra y dada también la repugnancia recíproca entre los regímenes franquista y soviético, lo cierto fue que se establecieron unos mínimos cauces diplomáticos primero y unos recursos operativos después que posibilitaron el regreso de aquellos niños a su patria.
Aquellos niños, naturalmente, eran ya adultos, entre los 23 y 35 años. De ellos partió la iniciativa del retorno a mediados de los años cincuenta, cuando llevaban ya dos décadas en tierras soviéticas. Según un informe de la DGS española, fue el guipuzcoano José Asensio Orueta quien, a la muerte de Stalin, escribió una carta con esa solicitud a Nikolái Bulganin, a la sazón -septiembre de 1955- presidente del Gobierno, según detalla Moreno Izquierdo (pp. 51-52). La pretensión tenía que hacer frente a un triple desafío, pues significaba llegar a un acuerdo de mínimos entre tres instancias de poder con intereses divergentes, el gobierno de la URSS, el de España y el PCE que, por obvias razones propagandísticas, no tenía el más mínimo interés en la operación y que puso todos los obstáculos posibles para que no se llevara a término.
Tras un tira y afloja que en el libro se documenta con minuciosidad, entre los años 1956 y 1957 llegaron seis expediciones, es decir, seis barcos abarrotados, que atracaron en tierras españolas con compatriotas tan ilusionados como temerosos. Comprensible la ilusión, no menos explicable era el recelo que a unos y otros –los que venían y los que estaban aquí- les despertaba la presencia de unos compatriotas cuya adaptación e inserción se antojaban como mínimo problemáticas, fuese cual fuese el punto de vista que se adoptara. El libro comienza con ese tono esperanzado y anhelante –“El sueño cumplido” se titula el capítulo primero- haciéndose eco de las sensaciones escritas por uno de los retornados, Cecilio Aguirre Iturbe, que tendrá un gran protagonismo como informador del autor y al que está dedicado el libro. Pero luego, según se avanza, se comprueba que, como era previsible, la acomodación del colectivo a la realidad española fue bastante difícil. Y más si tenemos en cuenta que andaba la CIA por medio, con interrogatorios y sospechas que nunca llegaron totalmente a disiparse: ¿había agentes infiltrados? ¿Venían a integrase o a espiar? Pese a tantas dificultades, el autor establece en su prolija investigación unas cifras que hablan por sí solas: de los 2678 españoles que llegaron en las fechas citadas, no llegaron a quedarse según cifras oficiales 388, o sea, el 14,5% del total (p. 305).
El siglo XIX
La lucha por el poder. Europa 1815-1914. Richard J. Evans. Traducción de Juan Rabasseda. Crítica, Barcelona, 2017. 1008 pp. 38,90 €
Publicado en El Cultural, 22-09-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/La-lucha-por-el-poder-Europa-1815-1914/40058
Los interesados en la historia del siglo XX asociarán sin duda el nombre de Richard Evans con la magna trilogía sobre la Alemania nazi que se ha ido traduciendo al español desde hace unos años: La llegada del Tercer Reich, El Tercer Reich en el poder y El Tercer Reich en guerra (Península, 2005, 2007 y 2011 respectivamente). Evans (Woodford, Londres, 1947), profesor en la Universidad de Cambridge, es un reconocido especialista en la reciente historia germana, aunque también ha escrito sobre cuestiones históricas más generales y, como en el caso que nos ocupa, se ha interesado igualmente por la visión de conjunto: la evolución de Europa en el siglo casi exacto que media entre la derrota definitiva de Napoleón y el estallido de la I Guerra Mundial (1815-1914). Una síntesis –sin notas bibliográficas- que constituye un reto para cualquier historiador y que Evans ha resuelto con maestría y erudición en este denso volumen que supera las mil páginas pero que se lee con facilidad y con un interés que no decae.
Ello es así porque, a diferencia de otras obras de parecidas características, el historiador británico ha confeccionado su ensayo, como él mismo explicita, no solo “como una obra de referencia” sino pensando en que sea “leído desde el principio hasta el final”. No es una mera declaración de intenciones, como puede comprobarse casi en cualquiera de sus páginas. De hecho, ya desde el propio título, se anuncia el propósito de dotar de un sentido inequívoco la interpretación del devenir europeo a lo largo de esas convulsas décadas: para Evans el concepto fundamental que permite unificar y entender la heterogeneidad de acontecimientos que describe es el del poder. Obviamente, poder en un sentido muy amplio: desde el poder político más convencional o el poder de la fuerza bruta hasta el poder económico, cultural e ideológico. Y también, como no podía ser menos, las diversas luchas contra esos poderes establecidos por parte de aquellos que estaban sojuzgados o excluidos, desde las mujeres como colectivo a los proletarios y campesinos.
No es extraño por tanto que el panorama general que bosqueje Evans tenga un marcado carácter político. Dicho de otra manera, en estas páginas vamos a encontrar básicamente una historia política de Europa. De los ocho extensos capítulos que integran la obra, cuatro, la mitad, presentan plenamente ese carácter; otros dos, sin perder del todo esa perspectiva, se inclinan por el análisis social y económico, uno más se dedica a la “conquista de la naturaleza” y, en fin, hay un capítulo para trazar el ambiente cultural, “la era de la emoción”. Puede decirse, pues, que desde el punto de vista formal y de contenido estamos ante un enfoque clásico, nada rupturista.
Ahora bien, conviene aclarar que el autor se propone hacer una historia transnacional –Europa como realidad y no solo ámbito geográfico- y no una mera yuxtaposición de historias nacionales. Mediante pinceladas sueltas, Evans nos va informando de lo que estaba pasando o de cómo se vivía en cada uno de los rincones del Viejo Continente, mencionando incluso de pasada aquellos sucesos del resto del mundo que incidían directamente aquí, como la emancipación de los países americanos o la penetración colonial en Asia. Con todo, es inevitable que unos países tengan muchísimo mayor protagonismo que otros. Así sucede con las grandes potencias que marcan el devenir europeo -Gran Bretaña, Francia y Prusia (luego Alemania), siempre en precario equilibrio y rivalidad, con Rusia en un extremo como contrafigura permanente-, quedando todos los demás actores en un discreto segundo plano o destacando tan solo de forma puntual: unificación de Italia, guerras balcánicas, etc.
Evans combina de modo eficaz el diseño de las grandes líneas y el análisis de las estructuras con la atención al detalle, a la vida cotidiana y a personajes que resultan relevantes por algún motivo. Es sintomático en este sentido que cada capítulo preludie describiendo la trayectoria vital concreta de un hombre o una mujer (hay paridad, cuatro y cuatro, signo de los tiempos). De este modo se ponen rostros o nombres a una determinada situación. En definitiva, el resultado es una mezcla de brillantez y amenidad que consigue satisfacer al especialista sin ahuyentar a un público más amplio.
Publicado en El Cultural, 22-09-2017.
http://www.elcultural.com/revista/letras/La-lucha-por-el-poder-Europa-1815-1914/40058
Los interesados en la historia del siglo XX asociarán sin duda el nombre de Richard Evans con la magna trilogía sobre la Alemania nazi que se ha ido traduciendo al español desde hace unos años: La llegada del Tercer Reich, El Tercer Reich en el poder y El Tercer Reich en guerra (Península, 2005, 2007 y 2011 respectivamente). Evans (Woodford, Londres, 1947), profesor en la Universidad de Cambridge, es un reconocido especialista en la reciente historia germana, aunque también ha escrito sobre cuestiones históricas más generales y, como en el caso que nos ocupa, se ha interesado igualmente por la visión de conjunto: la evolución de Europa en el siglo casi exacto que media entre la derrota definitiva de Napoleón y el estallido de la I Guerra Mundial (1815-1914). Una síntesis –sin notas bibliográficas- que constituye un reto para cualquier historiador y que Evans ha resuelto con maestría y erudición en este denso volumen que supera las mil páginas pero que se lee con facilidad y con un interés que no decae.
Ello es así porque, a diferencia de otras obras de parecidas características, el historiador británico ha confeccionado su ensayo, como él mismo explicita, no solo “como una obra de referencia” sino pensando en que sea “leído desde el principio hasta el final”. No es una mera declaración de intenciones, como puede comprobarse casi en cualquiera de sus páginas. De hecho, ya desde el propio título, se anuncia el propósito de dotar de un sentido inequívoco la interpretación del devenir europeo a lo largo de esas convulsas décadas: para Evans el concepto fundamental que permite unificar y entender la heterogeneidad de acontecimientos que describe es el del poder. Obviamente, poder en un sentido muy amplio: desde el poder político más convencional o el poder de la fuerza bruta hasta el poder económico, cultural e ideológico. Y también, como no podía ser menos, las diversas luchas contra esos poderes establecidos por parte de aquellos que estaban sojuzgados o excluidos, desde las mujeres como colectivo a los proletarios y campesinos.
No es extraño por tanto que el panorama general que bosqueje Evans tenga un marcado carácter político. Dicho de otra manera, en estas páginas vamos a encontrar básicamente una historia política de Europa. De los ocho extensos capítulos que integran la obra, cuatro, la mitad, presentan plenamente ese carácter; otros dos, sin perder del todo esa perspectiva, se inclinan por el análisis social y económico, uno más se dedica a la “conquista de la naturaleza” y, en fin, hay un capítulo para trazar el ambiente cultural, “la era de la emoción”. Puede decirse, pues, que desde el punto de vista formal y de contenido estamos ante un enfoque clásico, nada rupturista.
Ahora bien, conviene aclarar que el autor se propone hacer una historia transnacional –Europa como realidad y no solo ámbito geográfico- y no una mera yuxtaposición de historias nacionales. Mediante pinceladas sueltas, Evans nos va informando de lo que estaba pasando o de cómo se vivía en cada uno de los rincones del Viejo Continente, mencionando incluso de pasada aquellos sucesos del resto del mundo que incidían directamente aquí, como la emancipación de los países americanos o la penetración colonial en Asia. Con todo, es inevitable que unos países tengan muchísimo mayor protagonismo que otros. Así sucede con las grandes potencias que marcan el devenir europeo -Gran Bretaña, Francia y Prusia (luego Alemania), siempre en precario equilibrio y rivalidad, con Rusia en un extremo como contrafigura permanente-, quedando todos los demás actores en un discreto segundo plano o destacando tan solo de forma puntual: unificación de Italia, guerras balcánicas, etc.
Evans combina de modo eficaz el diseño de las grandes líneas y el análisis de las estructuras con la atención al detalle, a la vida cotidiana y a personajes que resultan relevantes por algún motivo. Es sintomático en este sentido que cada capítulo preludie describiendo la trayectoria vital concreta de un hombre o una mujer (hay paridad, cuatro y cuatro, signo de los tiempos). De este modo se ponen rostros o nombres a una determinada situación. En definitiva, el resultado es una mezcla de brillantez y amenidad que consigue satisfacer al especialista sin ahuyentar a un público más amplio.
lunes, 11 de septiembre de 2017
Memoria y olvido
LA MEMORIA COMO IMPERATIVO Y EL OLVIDO COMO TERAPIA
David Rieff: Elogio del olvido. Las paradojas de la memoria histórica. Traducción de Aurelio Major. Debate, Barcelona, 2017. 176 pp. 16,90 €.
Publicado en Revista de Libros, 17-07-2017.
http://www.revistadelibros.com/resenas/la-memoria-como-imperativo-y-el-olvido-como-terapia
Como es habitual en los vástagos de las personas que han alcanzado una notable celebridad, David Rieff tiene que cargar con el sambenito de que se le presente con insistencia –incluso en la breve nota bio-bibliográfica de la solapa del libro que nos ocupa- como hijo de Susan Sontag. No obstante, como sabe cualquiera que haya seguido su trayectoria, la susodicha vinculación familiar es ociosa para encuadrar y comprender su fructífera y proteica carrera como periodista, corresponsal de guerra, analista político, ensayista y crítico cultural. De entre sus últimos libros –casi todos traducidos al español- nos interesa destacar ahora, por motivos que no necesitan explicación, el que aquí se tituló Contra la memoria. De hecho, las primeras palabras de Rieff en el volumen que vamos a comentar, bajo el rótulo de “Agradecimientos”, son para recordar que en 2009 dos integrantes del servicio de publicaciones de la Universidad de Melbourne, le invitaron “a escribir un ensayo en contra de la memoria política” que se publicó dos años más tarde con el título antedicho. Ahora, como su propio nombre indica, Rieff retoma el mismo tema para desarrollar aquel asunto e incorporar nuevos argumentos, moviéndose obviamente en la misma línea. Me atrevo a llevar hasta cierto punto la contraria al propio Rieff para matizar que la aludida línea argumental no es exactamente un alegato contra la memoria política sin más. Como se dice, creo que con bastante justeza en la sinopsis de contraportada, lo que defiende Rieff, si se permite la formulación casi en forma de titular, es que “la memoria colectiva no es tanto un imperativo moral como una opción”. Pero vayamos por partes.
El libro de Rieff, aunque lleva por subtítulo explicativo “Las paradojas de la memoria histórica” no es una obra de historia ni se parece en nada al tipo de publicaciones que, por lo menos en el ámbito español, distingue a la copiosa bibliografía en torno a las relaciones entre memoria, historia y política. Elogio del olvido es un pequeño volumen –unas 170 páginas- que tiene más bien un marcado carácter ensayístico, provocativo y deliberadamente polémico en algunas de sus apreciaciones, y en el que, como viene siendo usual en los últimos tiempos, el autor se permite el lujo de hablar en distintas ocasiones en el tono subjetivo de la primera persona del singular, contar algunas de sus experiencias como testigo de acontecimientos relevantes e incluso relatar anécdotas concretas de sus tiempos como reportero en distintos frentes de batalla. Y todo ello lo hace en unos capítulos que contienen más carga de presente que de pasado (o que se interesan sin rubor por el pasado en función del presente) y que en algunos casos llevan como título preguntas que llaman nuestra atención como fogonazos: “¿Para qué sirve realmente la memoria colectiva?” O este otro: “¿Debemos deformar el pasado para poder conservarlo?”
Rieff –ya lo he dicho- no es un historiador ni mucho menos un filósofo, ni siquiera un teórico político en un sentido investigador o académico. Es un periodista inquieto, un hombre culto que se mueve con soltura en distintos campos, pero que no alza el vuelo mucho más allá de los hechos concretos, o sea, de lo que podríamos llamar sin menoscabo, un empirismo funcional o un decidido pragmatismo político, muy en la línea de un cierto ensayismo anglosajón. Esto que normalmente, en nuestros predios intelectuales, se entendería como desdoro o desvalorización, constituye en mi opinión el elemento determinante para que Elogio del olvido resulte un libro estimulante. No exactamente por lo que dice –que, en el fondo, no es nada radicalmente nuevo- sino cómo lo dice: con una franqueza, una resolución y una sinceridad que prestan al volumen un tono prístino, una mirada a veces hasta algo naif, como una bocanada de aire fresco en un tema siempre viciado porque todo transcurre, como hubiera dicho Sartre, a puerta cerrada, en una atmósfera cargada de resentimientos.
Por todo ello, el basamento teórico de principio no va mucho más allá de lo que en nuestros cenáculos intelectuales ha defendido, por ejemplo, y con muchos mejores argumentos, historiadores como Santos Juliá: una cosa es la historia y otra muy distinta, la memoria. Cuando se trata de vincular ambas utilizando el sintagma de “memoria histórica” se está incurriendo en un oxímoron que solo es aceptable como metáfora y aún así con no pocas prevenciones. La memoria sensu stricto es siempre individual; la “memoria colectiva de un pueblo” es, como hubiera matizado con ironía Borges, un abuso del lenguaje. Si se prefiere algo más flexible, diríamos que no es más que “una metáfora que pretende interpretar la realidad y conlleva todos los riesgos inherentes a la interpretación metafórica del mundo”. Un tema, dicho sea de paso, que hubiera hecho las delicias de Nietzsche. Si damos unos pasos más y nos adentramos directamente en la llamada memoria histórica de un acontecimiento, debemos precisar que “nos referimos en general a la rememoración colectiva de gente que no lo presenció, sino que le fue transmitido por crónicas familiares o, más probablemente […] a través de intermediarios como el Estado, sobre todo en las escuelas o las conmemoraciones públicas, o por medio de asociaciones” (p. 94).
Al proseguir por esa senda, nos vemos abocados a despojarnos de la inocencia. No hace falta que lleguemos al abrupto aforismo nietzscheano: “no hay hechos; solo interpretaciones”. Basta simplemente que reconozcamos una verdad tan incómoda como por otra parte incontrovertible, la de que “la función esencial de la memoria colectiva es la legitimación de un criterio particular y un programa político y social, y la deslegitimación de los opositores ideológicos”. Así, la “apropiación de la historia por parte de la memoria es también la apropiación de la historia por parte de la política” (p. 83). No se puede decir más claro. Bueno, sí. Juzguen ustedes: “la memoria histórica colectiva no es respetuosa con el pasado” (p. 137). Rieff admite algunas excepciones en esa regla general, como la de los judíos (asunto este, por cierto, que me parece más que discutible, pero en el que prefiero no entrar para no perder el hilo de la argumentación). No respetar el pasado, no ser fiel a los hechos, equivale a manipular los mismos en función de unos objetivos. Como el autor procura no caer en el dogmatismo que critica, no llega al punto de decir que la memoria inventa el pasado, aunque alguna que otra vez bordea esa acuñación que puso en boga Eric Hobsbawm, la “invención de la tradición”. En vez de eso, Rieff desemboca en una formulación muy poco sólida desde el punto de vista teórico aunque, como veremos después, muy expresiva desde el prisma de la ejemplaridad política. Concretamente dice que la “memoria se puede usar como prueba de fuego política, para causas tanto buenas como malas” (p. 55).
Aquí el planteamiento de Rieff adolece de una cierta ingenuidad. El problema estriba, como es obvio, en establecer y deslindar “causas buenas” y “causas malas”. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre este punto? Tomemos por ejemplo como referencia, siguiendo a Timothy Garton Ash, el uso de la memoria como “componente esencial en la construcción de la identidad europea”. Debemos forzosamente reconocer que, aunque mayoritaria, esa es una opción tan discutible como cualquier otra (como dirían los del Brexit y tantos euroescépticos y eurófobos). Operan además sobre todo ello los prejuicios del presente, conformando una arbitraria hemiplejia analítica. La manipulación descarada del pasado haciendo de William Wallace un mártir y un héroe del nacionalismo escocés –Mel Gibson mediante- se acoge con incomparable más benevolencia que la santificación de Juana de Arco por las huestes de Le Pen, aunque aquellos actúan con una insidia y unas pretensiones semejantes a las de estos. Rieff pone el dedo en la llaga como el niño que señala al rey desnudo: no nos importa tanto la manipulación en sí como quién manipula y con qué fin. Como en el chiste psicoanalítico, cuando “la persona indicada hace las cosas mal, está bien; cuando la persona no indicada hace las cosas bien, está mal” (p. 141).
En un contexto más amplio, vivimos una época de exaltación de la memoria, hasta el punto de que esta ha desplazado a la historia en las relaciones políticas con el pasado. En palabras de Pierre Nora y refiriéndose sobre todo a Francia, la memoria “ha adquirido un significado tan amplio e inclusivo que se tiende a utilizarla simple y llanamente como sustituto de historia y a poner el estudio de la historia al servicio de la memoria” (p. 82). Quizá el diagnóstico peque de excesivo o poco matizado pero es incuestionable que en muchos países se ha desarrollado una auténtica “industria de la memoria”. La expresión sería del gusto de Javier Cercas que, a propósito de sus últimas novelas, se ha visto implicado en acres polémicas sobre el uso del pasado. Pero, en cualquier caso, lo que importan aquí son las consecuencias, es decir, que el conocimiento riguroso del pasado queda cuanto menos en segundo término frente a la preponderante tendencia a conmemorarlo. Esto es visible incluso en la propia producción editorial, cada vez más volcada a evocar efemérides variopintas, hasta el punto de que se aprovecha cualquier pretexto –centenarios, cincuentenarios o lo que sea- para lanzar títulos que nada aportan desde la óptica científica pero que sirven para recrear desde el presente una determinada concepción del ayer.
Si tomamos en consideración este panorama, podemos valorar la propuesta de Rieff como algo que va mucho más allá de la simple boutade: ¿y qué pasaría si dedicáramos al olvido un esfuerzo al menos equivalente al que hoy se emplea para avivar la memoria? Estamos tan imbuidos del culto a la memoria que a cualquiera se le ocurrirá de inmediato el famoso apotegma de Santayana sobre los pueblos que, por no recordar su pasado, se ven condenados a repetirlo. En un tono menos apocalíptico, se recuerda aquí también el planteamiento de Garton Ash sobre las comunidades sin memoria, que serían tan infantiles o inmaduras como el individuo sin conciencia del pasado. “Pero no hay ninguna evidencia de que esto sea cierto”, repone inmediatamente Rieff. Al revés. “Desde el punto de vista empírico sobran las razones que respaldan el argumento contrario: en muchos lugares del mundo no es la renuncia sino el apego a la memoria la causa aparente de que las sociedades sean inmaduras” (p. 53).
Entramos con ello en la cuestión medular del ensayo. Todo, como se ve, parte de una pregunta impertinente, que puede formularse con diversos matices: ¿por qué la memoria es superior, más elevada, más digna que el olvido? ¿Por qué reconocemos un imperativo de la memoria y no la necesidad de olvidar? ¿Por qué nos empeñamos en forjar una identidad colectiva cuya base no es exactamente la memoria, como suele argüirse, sino un específico modo de construir el pasado? Para contestar con honestidad intelectual a estas preguntas, debemos ser francos y no jugar con las cartas marcadas. El autor apunta en este sentido que “la cuestión de la fidelidad histórica casi nunca parece tan crucial como la solidaridad colectiva que dicha rememoración pretende generar” (p. 129). El pasado se recuerda o, mejor dicho, se evoca a conciencia un determinado pasado (no pocas veces mítico o tergiversado) en función de las necesidades de “creación de una identidad colectiva determinada”. Por consiguiente el pasado no tiene ninguna función terapéutica: en contra de lo que suele argumentarse con insistencia, el conocimiento del pasado no conduce a evitar la repetición de viejos errores. ¿Cuántas veces a lo largo del malhadado siglo XX se ha dicho en vano “nunca más”?
Más concretamente Rieff puede aducir, llegados a este punto, su experiencia no ya solo como reportero en múltiples frentes de guerra sino como testigo de sucesos aún más escalofriantes, como matanzas sistemáticas y genocidios. “Auschwitz no nos vacunó contra Pakistán oriental en 1971, ni Pakistán oriental contra Camboya bajo los Jemeres Rojos, ni Camboya bajo los Jemeres Rojos contra el poder Hutu en Ruanda en 1994” (p. 105). No se trata tan solo del hecho comprobable de que el pasado no es aleccionador, sino algo mucho más brutal, que los crímenes del pasado se convierten en el combustible que alimenta el rencor de hoy y posibilita nuevas atrocidades, normalmente “en un ambiente de temor y con la justificación de la legítima defensa” (p. 144). No es extraño por ello que quien ha presenciado in situ esa dinámica de violencia o incluso esa espiral de agravios –como por ejemplo en los Balcanes- termine por exclamar acongojado, ahíto de ver sangre derramada: ¡la paz, la paz a cualquier precio! La historia no es un menú a la carta. Cuando la barbarie se enseñorea de las relaciones humanas, una paz injusta es una bendición. Los acuerdos de Dayton eran una chapuza, por supuesto. “Aun así, para muchos de nosotros, tanto cooperantes como periodistas, que habíamos sido testigos presenciales del horror de la guerra de los Balcanes, casi cualquier paz, no importa lo injusta que fuera, era infinitamente preferible a lo que parecía el incesante castigo de la muerte, el sufrimiento y la humillación” (p. 113).
El caso de Chile, al que Rieff le dedica una atención recurrente, resulta paradigmático. La transición a la democracia fue posible, según el autor, porque la consecución de la libertad fue el objetivo supremo al que se supeditó todo, la justicia en primer término. En estas circunstancias, conceder inmunidad a Pinochet “se vio como un sacrificio que merecía la pena asumir”. Y enseguida aparece el Rieff desafiante: dentro de un tiempo, ¿cuántos chilenos concluirían “que la impunidad de Pinochet fue un coste inaceptable para la libertad del país?” (p. 114) ¡Por supuesto que lo ideal hubiera sido que el general rindiera cuentas! Pero a menudo hay que elegir entre opciones precarias. No estamos hablando en términos hipotéticos. El intento de procesar al dictador chileno por parte del juez Garzón nos sumergió en dicho escenario. Si “la detención hubiera podido poner en grave peligro esa transición, ¿habría merecido la pena entonces salvaguardar […] las exigencias de justicia?” (pp. 85-86).
A los españoles esos dilemas nos resultan muy familiares. Precisamente, a la transición española se le dedican también en el libro algunos párrafos, con algunos errores factuales y varios desenfoques en la interpretación. Con todo, no es en estas coordenadas donde Rieff detecta el problema: al fin y al cabo, en países como Francia o España estaríamos hablando de polémicas –todo lo agrias que se quieran- entre especialistas, básicamente historiadores, politólogos o analistas políticos. Pero aquí “probablemente nadie matará o morirá por lo que se haya olvidado o por lo que no haya podido recordarse. Sin embargo, en muchas partes del mundo morir y dar muerte es justo lo que está en juego, y en este sentido la cuestión de si se debe dejar de elogiar el recuerdo y comenzar a elogiar el olvido es más acuciante” (p. 153).
Este es el punto crucial para Rieff: cuando elegir entre recuerdo y olvido es cuestión de vida o muerte. Es verdad que si optamos por el olvido cometemos “una injusticia con el pasado”. Pero recordar significa cometer “una injusticia con el presente”. La conmemoración “podrá ser aliada de la justicia” pero “pocas veces es aliada de la paz” (pp. 148-149). Esta paz puede tener padres espurios. Puede aparecer trufada de oportunismo, hipocresía y hasta cínica indiferencia. Pero al lado de otras opciones, es el mal menor. Rieff nos refiere una anécdota reveladora: cuando De Gaulle decidió hacer tabla rasa con la cuestión de Argelia, se le recordó que se había derramado mucha sangre. Entonces el mandatario francés contestó fríamente: “Nada se seca tan pronto como la sangre”. Más recientemente, el caso de Irlanda del Norte revela que unos acuerdos discutibles, con su secuela de amnistías dolorosas, olvidos forzados y rehabilitaciones impuestas vienen a ser a larga, con todos sus defectos, la única vía factible para salir de un laberinto minado.
Podría dar la impresión, a tenor de todo lo dicho, que nuestro autor es un tenaz opositor contra la rememoración, un adalid del olvido, un decidido detractor de la memoria histórica, sin más especificaciones, sin matices. No hay tal. Rieff como ya he dicho antes, es ante todo un pragmático. No pierde de vista casi nunca las circunstancias concretas en que ha de aplicarse una determinada doctrina. En cada situación detecta pros y contras. Pero además él lo dice expresamente en términos genéricos: “que quede claro, no sostengo que siempre sea un error insistir en la rememoración como imperativo moral” (p. 84). Aunque considera, como se infiere de todo lo expuesto, que con demasiada frecuencia la memoria lleva más a la exacerbación de las tensiones que a la pacificación, hay múltiples casos en que ni se puede ni se debe olvidar: las matanzas de las fuerzas imperiales europeas, el genocidio armenio, las atrocidades del militarismo japonés en China… No es factible “curar la guerra”. Se ha insistido mucho hasta ahora en los males de la memoria, pero sería perverso desconocer o silenciar que el exceso de olvido constituye también un riesgo. No es fácil saber cuál es el camino más indicado para restañar heridas. En cualquier caso, el autor insiste en que no “prescribe aquí un alzhéimer moral” porque, reconoce, “estar desprovisto de memoria es estar desprovisto de un mundo” (p. 146).
En último extremo, no cabe aquí un sustrato de optimismo antropológico. Los seres humanos no son tan racionales como a menudo nos gusta pensar y creer. “El diablo es optimista si cree que puede hacer peores a los hombres”, escribió Karl Kraus. Los recuerdos de las atrocidades sirven con más frecuencia para los intentos de emulación que para la expiación y el exorcismo. En el mejor de los casos, para los que prescriben bienintencionadamente el perdón –Ricoeur, Margalit- el dilema sigue siendo el mismo: ¿cómo se edifica el perdón sin una peligrosa amalgama de memoria y olvido? ¿En qué proporciones? Decía Borges que “el olvido es la única venganza y el único perdón”. No estoy tan seguro. Además, no sobreestimemos la capacidad humana para dirigir el curso de los acontecimientos. El hombre es más víctima de la historia que hacedor de la misma. Todas nuestras construcciones –entre ellas, nuestra sociedad, nuestra civilización- están sometidas al paso implacable del tiempo. Rieff lo expresa aludiendo a “la provisionalidad social, nacional y de la civilización”, por analogía a la “fugacidad humana individual” (p. 158).
Dentro de poco, la Shoá, la gran herida moral de nuestro tiempo, será una nota imprecisa en la noche de los tiempos. Tony Judt vio en Berlín cómo unos escolares aburridos en su excursión obligatoria jugaban al escondite en su visita al Monumento a los Judíos asesinados en el Holocausto. Yo mismo tuve ocasión de presenciar una escena similar casi en el mismo sitio: unos chicos y chicas, algo más que adolescentes, con indumentaria casi playera, reían, bromeaban y bebían Coca-Cola entre los testimonios atroces de las matanzas no tan lejanas. ¿Se puede decretar la memoria obligatoria? Y en ese caso, ¿con qué viabilidad? Rieff se remite en este caso a las palabras de Judt, poco sospechoso por su talante y su profesión de querer encubrir nada: museos, monumentos y tantos lugares y ritos de la memoria no son tanto una expresión de nuestra voluntad de recordar cuanto “un indicio de que sentimos haber cumplido nuestra penitencia y ya podemos […] olvidar, y que en nuestro lugar recuerden las piedras” (p. 101).
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